El PP pide elevar las penas por delitos sexuales y CiU endurecer el castigo por los cometidos por bandas organizadas
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso tiene previsto debatir hoy dos propuestas de reforma del Código Penal, una del PP, para elevar las penas por delitos de abusos sexuales y otra de CiU, que pretende endurecer el castigo por las acciones cometidas por bandas organizadas. Estas dos iniciativas llegan al Pleno en medio de la negociación abierta hace semanas por PSOE y PP para las reformas de la Administración de Justicia y la renovación los órganos judiciales.
En su texto, el PP insta al Gobierno a presentar lo antes posible un proyecto de ley de reforma del Código Penal para elevar las penas, tanto la principal como las accesorias, de los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación.
Pero, además, los 'populares' requieren que los condenados por este tipo de delitos cumplan íntegramente su condena y subrayan la necesidad de poner en marcha medidas "más eficaces" de seguridad que permitan el control y la prevención del riesgo que entraña la puesta en libertad de "delincuentes patológicos con pronóstico elevado de reincidencia una vez cumplida la pena".
EL EJEMPLO DE MARI LUZ.
En su exposición de motivos, el PP, que cita el 'caso Mari Luz', sostiene que la vulnerabilidad de las víctimas y la alarma social que que los delitos de pederastia crean en la sociedad exigen del Estado una respuesta penal "contundente" y acorde con la gravedad de la acción cometida.
La iniciativa señala que el crimen perpetrado recientemente contra la niña onubense "pone en evidencia la existencia de un problema que desafortunadamente no es nuevo", y destaca que las denuncias por desapariciones de menores, violaciones y abusos sexuales contra menores "no son pocas". Por ello, el PP urge al Gobierno a reaccionar "de inmediato poniendo coto a una situación que no admite otro debate que el de aumentar la cuantía de las penas".
REPRODUCE UNA PROPUESTA DEL GOBIERNO.
En la misma sesión, el Pleno del Congreso decidirá si toma en consideración una proposición de ley de modificación del Código Penal, planteada por CiU, para que se tipifiquen expresamente los delitos cometidos por bandas organizadas y se endurezcan las penas para las personas que formen parte de organizaciones y grupos que tengan por objeto cometer delitos.
En la anterior legislatura tanto CiU como el Gobierno propusieron iniciativas en este sentido pero caducaron con la disolución de las Cortes sin haber finalizado su tramitación. Por eso los nacionalistas catalanes han recuperado ahora para su texto la misma redacción que el Ejecutivo utilizó para aquel proyecto de ley que recogía la tipificación de los delitos cometidos como banda organizada.
El portavoz de Justicia de CiU en el Congreso, Jordi Jané, quien hoy defenderá la iniciativa desde la tribuna sostiene que el vigente Código Penal presenta "algunas lagunas" que han permitido que en España haya "una gran proliferación de bandas organizadas", que cifra en más de 400, "que cometen delitos continuados contra la seguridad ciudadana con una creciente sensación de impunidad".
"Dentro de la UE, España está entre los países donde tienen lugar más atracos y, en consecuencia, es necesario modificar el Código Penal", afirma Jané, quien apuesta por prever la "suficiente agravación" para los delitos cometidos por bandas que se dirijan contra "la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual o el patrimonio".
Asimismo, CiU aboga por perfeccionar el tratamiento penal de estas materias a fin de contribuir y disuadir, de forma efectiva, la comisión de nuevos delitos y faltas por parte de los infractores. En este contexto, reclaman sanciones más severas para las organizaciones delictivas que asaltan viviendas.
LA COMPARECENCIA DE BERMEJO SIGUE PENDIENTE.
La discusión sobre estas dos propuestas llega al Pleno cuando se encuentran congelada las negociaciones que PSOE y PP se comprometieron a abrir nada más arrancar la legislatura para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y alcanzar un pacto para la modernización del sistema judicial.
Desde aquella declaración de intenciones verbalizada por los portavoces de los dos partidos mayoritarios no se han anunciado avances, sino más bien al contrario. Los 'populares' se quejan de que el PSOE no ha respondido por escrito a sus propuestas para la modernización y reclaman que se cubra ya la vacante que la repentina muerte del magistrado Roberto García Calvo ha dejado en el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el PSOE no quiere negociar el nombre del sustituto de García Calvo por separado, sino dentro del paquete de las otras cuatro plazas que hay que cubrir en el Alto Tribunal --entre ellas la de la vicepresidenta y el vicepresidente-- y de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces que tienen que elegir las Cortes.
Además, se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aún no ha acudido al Congreso para exponer las que serán las prioridades de su departamento en esta legislatura. Había sido citado en mayo, pero a última hora se desconvocó por razones de agenda del ministro, según la explicación oficial. Otras fuentes, no obstante, lo achacaban a la negociación de los partidos mayoritarios. Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, esta comparecencia no se sustanciará, al menos, hasta la segunda quincena de este mes.
