MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados, con los votos de PP, CiU y PNV, ha rechazado tramitar una proposición de ley del PSOE, la primera de la legislatura, que buscaba aumentar la transparencia y regular el acceso a la información pública. El Grupo Popular ha preferido esperar a la ley que el Gobierno de Mariano Rajoy ha prometido presentar próximamente.
Si bien el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prometió en su día impulsar la citada ley, ésta nunca llegó a ver la luz. Ya en la oposición, los socialistas registraron en diciembre una propuesta en este sentido anticipándose a la pretensión del Gobierno del PP, cuya vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, prometió que el Consejo de Ministros debatirá a finales de este mes una Ley de Transparencia y Buen Gobierno para que el Parlamento pueda aprobarla antes del verano.
En su iniciativa, los socialistas buscaban completar "una tarea pendiente", la de la configuración legal del derecho de acceso a la información pública, porque, según arguyen, la transparencia constituye "una eficaz salvaguarda" frente a la mala administración que posibilita a los ciudadanos "conocer mejor y vigilar" la prestación de servicios y el empleo de los recursos públicos.
Así, la propuesta del PSOE pretende mejorar la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con el fin de facilitar el derecho de acceso a los documentos relacionados con procedimientos terminados y archivados y que su consulta no dependa en la práctica de una decisión discrecional de la Administración.
El PSOE hablaba de conjugar las exigencias del principio de transparencia con el debido respeto del derecho a la protección de datos personales. Para ello, planteaba cerrar el acceso a la información pública que contiene datos especialmente protegidos -salvo que el afectado lo consienta expresamente-, pero a la vez disponía, como regla general, la apertura del acceso a aquellas informaciones que, aun conteniendo datos personales, estén directamente vinculadas con la organización, funcionamiento y actividad públicas.
La iniciativa fue defendida por la portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, quien ha destacado que las instituciones "tienen el reto de adecuarse a una sociedad del siglo XXI" porque la ciudadanía reclama "un Gobierno abierto, donde la opacidad ya no tiene cabida". En este sentido, ha recordado que los países de nuestro entorno "han ido regulando este derecho de acceso a la información pública, y España no puede quedarse atrás".
¿POR QUÉ NO LO PRESENTÓ EN EL GOBIERNO?
La tramitación de la proposición de ley fue apoyada por UPyD y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aunque han cuestionado su contenido por insuficiente, creen que hay que mejorarlo y han lamentado que el PSOE no lo hubiera presentado cuando gobernaba.
Sin embargo, el PP, a través del presidente de la Comisión Constitucional, Arturo García Tizón, criticó que la iniciativa del PSOE haya dejado fuera lo que hace referencia a las prácticas de 'buen gobierno' y la exigencia de responsabilidades, por lo que rechazó su tramitación alegando que es una iniciativa parcial y que es preferible esperar al proyecto del gobierno, que juzga más completo.
El PNV, por boca de su diputado Emilio Olabarria, ha calificado la propuesta de bienintencionada pero también ha preferido votar en contra al considerar que pesan más sus lagunas. También votó en contra el CiU, cuyo ponente, Jordi Jané, subrayó las discrepancias en materia competencial.
Por su parte, Esquerra Republicana optó por abstenerse alegando que la iniciativa del PSOE es una trampa, según ha dicho Joan Tardà, y debía incluir más apartados, principalmente a la Casa del Rey.
