Actualizado 08/02/2007 13:11 CET

El Consell recurrirá el Estatuto de Castilla-La Mancha si se mantiene la pretensión de poner fin al trasvase Tajo-Segura

ELCHE (ALICANTE), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno valenciano recurrirá "sin ninguna duda" el Estatuto de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Constitucional si no se elimina de su texto la disposición por la que se pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, según el anuncio realizado hoy por el Consell en la sesión de control de las Corts al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Camps, que contestó en el pleno de la Cámara a una pregunta del portavoz del PP sobre la política hídrica del Gobierno estatal respecto a las necesidades de la Comunitat Valenciana, se remitió al acuerdo adoptado ayer por unanimidad por las Corts contra la pretensión de Castilla-La Mancha de fijar el fin del Tajo-Segura en 2015 para volver a reclamar que los grupos políticos caminen "todos juntos" en defensa de los intereses de la Comunitat.

La Cámara estrenó con esta pregunta parlamentaria el sistema de tradición anglosajona conocido como 'question time', lo que permitió a dos diputados del PP repreguntar sobre el mismo asunto a los consellers de Territorio, Esteban González Pons, y de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Este último, interpelado directamente sobre si la Generalitat recurrirá el Estatuto castellano-manchego en caso de que mantenga la disposición sobre el Tajo-Segura, aseguró: "sin ninguna duda".

El jefe del Ejecutivo valenciano consideró "fundamental" que "nadie divida" a los partidos, "como se ha pretendido durante estos años", y que caminen todos los partidos en la misma dirección para lograr un "cambio radical de filosofía" en torno a la distribución de los recursos naturales en España que permita "hacer del agua de España agua de todos".

En esta línea, no sólo exigió que "no se paralice nunca" el trasvase Tajo-Segura, sino que lleve a cabo la "ejecución inmediata" del Júcar-Vinalopó y que se recupere el agua del Ebro, y lamentó que la unidad que sí ha concitado entre los grupos políticos valencianos el "rechazo frontal" al Estatuto de Castilla-La Mancha no estuviera presente cuando el Gobierno derogó este último trasvase.

Camps consideró la disposición que incluye la reforma estatutaria castellano-manchega para el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura en 2015 una "consecuencia directa" de la paralización del trasvase del Ebro, y dijo temerse que, después de estas decisiones y de un cambio de trazado del Júcar-Vinalopó que ha generado "inquietud" y "desconfianza" en los regantes, se produzca un nuevo "capítulo" en las actuaciones contrarias a los intereses de la Comunitat.

El responsable de la Generalitat expresó en este sentido su miedo a que "el Júcar, en algún momento determinado, sea utilizado de forma casi exclusiva por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha" y a que "al final" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "diga:'ustedes tienen el mar. Apáñense con ese agua'".

El portavoz del PSPV, Joan Ignasi Pla, le recordó a Camps en su turno que el trasvase del Ebro "no existía", mientras que el del Tajo-Segura "hace muchos años que suministra agua a esta Comunitat" y que sus compañeros del PP de Castilla-La Mancha votaron a favor de ponerle fecha de caducidad.

ELCHE

Por otro lado, el presidente del Consell saludó al inicio de su intervención a la ciudadanía de Elche y destacó que, durante su etapa como conseller de Cultura y Educación, tuvo el "honor" de impulsar la creación de la Universidad Miguel Hernández -escenario elegido para la celebración de este primer pleno itinerante de la legislatura-, una decisión que, según recordó, no fue compartida por otros grupos parlamentarios y que "hoy ya es una realidad, pese a las trabas que algunos pusieron a su puesta en marcha".

El portavoz del PP, Serafín Castellano, acusó al Gobierno central de aprobar decisiones en materia hídrica "arbitrarias, injustas e insolidarias" que dejan a la Comunitat "sin agua" y que "han puesto problemas y trabas", donde antes había "soluciones"

Además de la pregunta a García Antón sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, que fue formulada por el diputado del PP Joaquín Soler, el portavoz adjunto Rafael Maluenda, inquirió al conseller González Pons sobre las actuaciones del Consell respecto al trasvase del Ebro y éste recordó que la Generalitat impulsó un plan de actuación para la reserva de los territorios por los que debía discurrir la canalización.