Actualizado 08/01/2007 20:57 CET

El Constitucional rechaza el amparo solicitado por el represor Fotea contra su extradición a Argentina

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por el presunto represor Juan Carlos Fotea contra su extradición a Argentina por el secuestro y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, ocurrido el 25 de marzo de 1977, según un auto del alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado 21 de abril la extradición a Argentina de Fotea, una vez que haya sido juzgado en España por la detención ilegal sufrida por Alicia Milia de Pirles, que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El auto rechaza por unanimidad admitir a trámite el amparo solicitado por Fotea, al entender que los hechos por los que está acusado en España son "radicalmente distintos" a los que se le imputan en Argentina, por lo que es perfectamente acorde con los derechos a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley la decisión de extraditarle al país sudamericano, "una vez que se hayan solventado las responsabilidades penales en nuestro país".

"Ciertamente, tanto los hechos por los que se les enjuicia en España, como los hechos por los que se solicita la extradición, se encuadran dentro de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad, al haberse cometido durante la Junta Militar y en el periodo de represión generalizada ordenada por la Dictadura militar que gobernaba el país, por un grupo de personas pertenecientes al Ejército, la Armada y la Policía, razón por la cual se consideran imprescriptibles, pues de otro modo habrían prescrito", explica el alto tribunal.

A continuación, el Constitucional insiste en que al ser los hechos imputados en Argentina y en España "radicalmente distintos" y prevalecer la jurisdicción del lugar de comisión, procede la extradición al país sudamericano por el asesinato de Walsh, sin que ello vulnere su derecho al proceso con todas las garantías.

La Audiencia Nacional recordó en julio, al confirmar su decisión de extraditarle a Argentina, la sentencia del propio Tribunal Constitucional del "caso Guatemala", que "marca las pautas de la jurisdicción aplicable cuando de un delito posible de genocidio se trata, y expresa que cuando los tribunales del país donde ocurrieron los hechos merecedores de dicha calificación jurídica actúan, o deciden actuar, su conocimiento es preferente al de la jurisdicción española, y por ello el enjuiciamiento del presunto delito de genocidio, corresponde a la jurisdicción del lugar de comisión del hecho".

CUMPLIR CON SU DEBER DE POLICÍA.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó en noviembre de 2005 prisión incondicional para el policía argentino Juan Carlos Fotea, quien residía en Madrid y al que se detuvo después de que Argentina lo solicitara vía Interpol. Fotea se opuso ante el magistrado a ser extraditado a su país.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 aseguró que cumplió con su deber como policía. La Justicia argentina le reclama por haber participado en el dispositivo policial y militar que se dispuso para detener al periodista Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977, cometido un día después del primer aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Walsh, que publicó "Carta abierta a la Junta Militar", fue interceptado y tiroteado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, del barrio porteño de San Cristóbal, en Buenos Aires. Su cadáver nunca fue localizado aunque algunos supervivientes de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro de detención ilegal argentino durante la dictadura, declararon haber escuchado a los guardias decir que el cadáver con numerosas heridas de bala había sido incinerado.

El juez federal argentino Sergio Torres pidió la extradición de Fotea en la causa en la que investiga a los también policías Roberto González, Ernesto Weber, Pedro Salvia y Juan Carlos Linares; los oficiales del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez y Carlos Generoso; los marinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Jorge Vildoza, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernias; el militar Julio César Coronel y el prefecto Héctor Febres.