VITORIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, dio a conocer ayer el contenido de la consulta que espera plantear a la sociedad vasca el próximo 25 de octubre y en la que no se contempla un rechazo expreso de ETA -lo que podría abrir la puerta al apoyo de EHAK a su convocatoria-, sino que pregunta si se está de acuerdo en "apoyar un final dialogado de la violencia", si previamente la banda armada "manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma".
El lehendakari compareció ante los medios de comunicación, junto al resto de los integrantes del Ejecutivo vasco al término del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Ajuria Enea, en el que se aprobó el Proyecto de ley de convocatoria y regulación de una consulta popular. Ibarretxe tan sólo dio a conocer las dos preguntas que incluirá la consulta, por lo que el contenido íntegro del proyecto no se dará a conocer oficialmente hasta mañana, cuando se registrará en la Cámara vasca.
La primera pregunta, basada en el denominado 'principio ético', consiste en una interpelación sobre si se "está de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre".
La segunda, relativa al que Ibarretxe denomina como 'principio democrático', inquiere sobre si la persona consultada "está de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010".
EHAK
Las preguntas, por tanto, no incluyen una condena explícita de ETA, lo que podría facilitar el apoyo de EHAK a la propuesta en el pleno previsto para el 27 de junio. Los votos de la formación de la izquierda abertzale son imprescindibles para que el proyecto de ley que sustenta la convocatoria salga adelante, puesto que las formaciones del tripartito y Aralar suman 33 parlamentarios, los mismos que el PSE y el PP, que ya han anunciado que votarán en contra.
En su intervención, el presidente del Ejecutivo vasco destacó que "el rechazo más contundente y efectivo de ETA y la violencia es exigir su desaparición, de una vez y para siempre, diciéndole a ETA que la política corresponde solamente a los políticos, que somos los legítimos representantes del pueblo".
En la justificación del llamado 'principio ético', subrayó que, de lo que se trata, es de que "la sociedad vasca ratifique un compromiso ético en contra de la violencia de ETA en términos similares a los que se planteó en el Acuerdo de Ajuria Enea y en el Congreso de los Diputados en mayo del año 2005". "Queremos poner a ETA en su sitio exigiéndole que abandone la violencia de una vez y para siempre", añadió.
"DERECHO A DECIDIR"
La justificación del llamado 'principio democrático' radica en la necesidad de que "los acuerdos entre vascos sean respetados por el Estado, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora" con un Estatuto de Gernika que "lleva incumplido 30 años". También se trata de "desbloquear la situación política, emplazando a todos los partidos vascos a negociar y alcanzar un acuerdo sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco".
A través de la consulta, la sociedad vasca "abriría" este proceso el 25 de octubre y se encargaría también de "cerrarlo" en un referéndum que debería celebrarse antes de que finaliza 2010.
"CONVIVENCIA IMPUESTA"
Este derecho a decidir, explicó, debe abarcar "todos los ámbitos, el autogobierno económico, social, cultural y el ámbito de relación con otras comunidades y territorios Vascos". Debe afectar, además, "al derecho a decidir en el ámbito de la relación política que queremos tener con el Estado español. "Tenemos que poder decidir vivir juntos. Si no hay libertad para decidir, la convivencia no es libre, es impuesta", subrayó.
Reconoció que la consulta que trata de celebrar carece de efectos vinculantes a nivel jurídico, argumento al que recurrió para defender la legalidad que, a su juicio, tendría la convocatoria. "La vinculación jurídica convierte a las consultas en referéndum y, por lo tanto, precisan de la autorización (de las Cortes Generales); en este caso estamos en una consulta de carácter autonómico y sabemos de su no vinculación jurídica, pero de su plena vinculación política y democrática".
TRIBUNALES
Preguntado acerca de la postura que adoptará ante una eventual anulación de la convocatoria por los tribunales, no aclaró la decisión que adoptará su Gobierno y tan sólo afirmó que "la democracia no es impedir que una sociedad opine o se pronuncie".
"Al revés, la democracia es conocer la opinión de los ciudadanos y tenerla en cuenta", destacó, para añadir que el proyecto "se presenta con todas las garantías", por lo que es "absolutamente legítimo, legal y democrático".
Tampoco aclaró qué decisión adoptará en relación con el adelanto electoral que, de acuerdo a su 'hoja de ruta', acarrearía un rechazo de la Cámara vasca a la convocatoria de consulta. "Soy optimista por naturaleza. Esperamos un sí rotundo del Parlamento vasco", señaló.
Además, aseguró que le resulta "imposible pensar que haya un sólo partido político que tenga una posición de negarse a dar la palabra al pueblo vasco".
En respuesta sobre la posibilidad de que determinadas iniciativas judiciales que afectan a algunos grupos de la Cámara (como la retirada del acta de parlamentaria a Kontxi Bilbao, entre otras) puedan llevar a anular el pleno del 27 de junio, contestó preguntando si a alguien puede "parecerle que hemos aprobado un proyecto para que no siga su tramitación".
ZAPATERO
Respecto a si un atentado de ETA podría afectar a la convocatoria, manifestó que "ETA y su violencia lo que hacen es manifestar de manera clara que necesitamos contestar conjuntamente ante su violencia y que los partidos deben hacer política". "Exista o no exista ETA, los partidos deben alcanzar acuerdos; y se alcancen o no acuerdos, ETA debe desaparecer", explicó.
El lehendakari indicó que la aprobación de este proyecto de ley se presenta ante el "no" del presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, a su oferta de "mano tendida". El proyecto de ley fue aprobado para "transmitir seguridad jurídica, cumplir un compromiso político y hacerlo con claridad y transparencia".