MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, celebrará mañana, a las 10.00 horas, el acto de ratificación de las órdenes de ingreso en prisión dictadas en la madrugada de ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, contra once de los 13 agentes de la Policía Local de este municipio encarcelados por su supuesta vinculación a la red de corrupción y extorsión a comerciantes y meretrices de la localidad, confirmaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Tras emitir los autos de prisión, la jueza de Coslada se inhibió a favor del titular del Juzgado número 21, a quien ha remitido ya las actuaciones realizadas hasta ahora. De igual modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que envió el pasado domingo a otros dos agentes locales a la cárcel, se ha apartado del procedimiento.
Según las fuentes consultadas, las comparecencias de mañana se basan en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que dispone que el juez que reciba las diligencias de investigación de otro magistrado "oirá --en un plazo de 72 horas-- al imputado, asistido de su abogado, tan pronto como le fuera posible y dictará la resolución que proceda".
Es previsible que los once imputados que cumplen prisión preventiva en el módulo 8 --destinado a funcionarios-- de Alcalá Meco desfilen mañana ante el juez instructor, si bien cabe la posibilidad de que este acto procesal se lleve a cabo sin la presencia del imputado.
Tras concluir los interrogatorios, la juez de Coslada ordenó anoche el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Ginés Jiménez, el oficial jefe, y otros diez imputados. Para dos de los agentes, David M.G. y Pedro P.F., decretó cárcel eludible bajo fianzas de 6.000 euros y 12.000 euros, respectivamente.
ALARMA SOCIAL
Al supuesto cabecilla de la trama se le imputan delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. A su 'número dos', Carlos M.G., se le acusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por la manipulación de pruebas.
En sintonía con los criterios de la fiscal, la magistrada basó su solicitud de prisión en la gravedad de los hechos cometidos, en la posible obstrucción a la acción de la justicia, el abuso de autoridad y la alarma social. Los abogados recriminaron que esta última circunstancia no esta prevista en la LEC como fundamento para enviar a un imputado a prisión preventiva.
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