Rechaza el protocolo de teletrabajo que se firma este lunes por dificultar la movilidad laboral
MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la administración de justicia, ha convocado para el próximo 7 de abril una concentración frente al Ministerio de Justicia para exigir más medios, tanto materiales como humanos, ante la "saturación actual" de los juzgados, que ha achacado a la pandemia de coronavirus y a la falta de voluntad negociadora por parte de Juan Carlos Campo.
CSIF ha explicado en un comunicado que la concentración será el inicio de una serie de movilizaciones con las que persigue que Campo "atienda a las necesidades de la Justicia 2021 y abra la mesa de negociación para abordar las reformas que pretende llevar a cabo con la participación real y efectiva del personal" que trabaja en esta administración.
El sindicato ha vuelto a denunciar la "sobrecarga de trabajo por la COVID-19" que sufren los juzgados debido, por un lado, a la acumulación de asuntos provocada por la suspensión de plazos durante el primer estado de alarma y, por otro, al aumento de los litigios relacionados con la crisis del coronavirus en todos los órdenes jurisdiccionales.
"Los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles están muy afectados, y la ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos. Los problemas de sobrecarga de trabajo los había y los va a seguir habiendo, pero corregidos y aumentados por la crisis", ha avisado la Central Sindical.
Además, ha rechazado lo que considera una "pésima gestión" por parte del Ministerio en lo tocante a la salud del personal durante la pandemia, denunciando que "no ha habido medios de protección, seguimiento de casos ni de impacto de la incidencia del virus y se ha excluido a las plantillas de los grupos prioritarios de vacunación, al igual que otros servicios esenciales".
"FALTA DE INVERSIONES REALES"
CSIF también ha recriminado a Justicia una "falta de inversiones reales", enfatizando que, de los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación de la UE que recibirá España, solo 410 millones irán a parar al Ministerio que dirige Campo, "una cifra claramente insuficiente para acometer las reformas pendientes y paliar todas las carencias estructurales".
Entre ellas, ha recordado que "España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea y se necesitan al menos 19.222 nuevos puestos de trabajo en la administración de justicia".
Ha señalado asimismo "el mal estado de algunas sedes judiciales en las que no se invierte en su mantenimiento y que no son dignas de albergar un servicio público de calidad".
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CSIF ha afeado al departamento de Campo que "el derecho fundamental de negociación colectiva está siendo arrinconado de forma sistemática por el Ministerio", apuntando incluso que "se ha utilizado el estado de alarma para sortear la obligación de negociar todo lo que afecta a las condiciones de trabajo del personal de justicia".
"De entrada y a modo de ejemplo", ha indicado, "CSIF rechaza el protocolo del teletrabajo de Justicia, que se firmará hoy en el Ministerio, porque establece un sistema de autorizaciones que en la práctica dificultará el acceso al teletrabajo de manera homogénea entre comunidades autónomas" y, además, "no se establece la obligación de proporcionar los equipos tecnológicos necesarios a las personas que opten por esta modalidad".
En este contexto, ha advertido de que "CSIF no va a tolerar que la reforma de la Justicia se haga a costa de los derechos del personal y que suponga una merma de sus condiciones de trabajo", defendiendo que "esta reforma debe pasar por el reconocimiento laboral y retributivo de los funcionarios de Justicia cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados, lo que incluye solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del Ministerio".
Con todo, la Central Sindical se ha declarado dispuesta a "el diálogo y la participación en la necesaria reforma de la administración de justicia". "Pero", ha añadido, "si no se abre esa puerta a la participación real y efectiva del personal de justicia y al acceso de información concreta sobre los planes que afectan a sus condiciones laborales, solo nos quedará la vía del conflicto".
