Los denunciantes al Tribunal de Cuentas por la medalla frustrada de Aznar concretan la acción contra el ex presidente

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez, así como la Asociación Preeminencia del Derecho, se han constituido en parte para ejercer la acción pública en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas para esclarecer la gestión de un gasto de 2,3 millones de Euros aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, que fue destinado a suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente José María Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

En un escrito dirigido a la Sección de Enjuiciamiento de este tribunal los letrados indican que su acción se dirige, en concreto, contra el ex presidente Aznar "sin perjuicio de las que pudieran resultar responsables como consecuencia del procedimiento iniciado".

Igualmente, informan al tribunal contable de que "el perjuicio máximo que han podido sufrir los fondos del Estado" por este asunto serían "los 2,3 millones de euros acordados para esta partida" en el Consejo de Ministros celebrado el 23 de diciembre de 2003.

El pasado 3 de febrero, el Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares de investigación y ordenó dar traslado de la documentación existente sobre este asunto tanto al Ministerio Fiscal como al Abogado del Estado, a fin de que alegaran "lo que a su derecho convenga".

Las diligencias, las que se ha dado el número C-215/09-0, responden la denuncia interpuesta por Mazón y Martínez, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto en el ámbito penal como en el contencioso-administrativo, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas. PRETENSIONES.

En el escrito que presentaron ante el Tribunal de Cuentas, con fecha del pasado 15 de diciembre, Mazón y Martínez expresan las pretensiones de su denuncia, que pasan por que se determine qué parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de José María Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la obtención de la Medalla del Congreso.

También solicitan que se compruebe si el contrato, suscrito por un plazo de 20 meses, se cumplió en su totalidad y si se realizaron finalmente los trabajos contratados y los desembolsos mensuales previstos; o si se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la Medalla.

Asimismo, piden que se aclare en qué se aplicó la diferencia entre los 2,3 millones de euros aprobados y los 2 millones de dólares contratados. La finalidad de esta iniciativa es solicitar el reintegro de lo gastado "por quienes corresponda, de los daños y abono de los perjuicios originados a los caudales y fondos públicos, así como los intereses legales correspondientes".

QUERELLA ARCHIVADA.

En marzo de 2007, El juez de Instrucción número 23 de Madrid, David Mamán, inadmitió a trámite la querella que presentaron estos mismos abogados contra Aznar al no apreciar "existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal", así como de "ningún" delito de malversación y de falsedad.

Según el juez, la concesión de la Medalla de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos "un beneficio diplomático" y "una vía presencial en Estados Unidos".

La postura del juez coincidió con el criterio de la Fiscalía de Madrid, que pidió el archivo de la querella, al considerar que la acusación contra el ex presidente por malversar dinero público y falsedad de facturas no estaba "clara" por "la absoluta falta de concreción" de los hechos denunciados, unido a la "sospecha de la existencia de intereses espurios", tal y como sostuvo en una providencia el fiscal adscrito al caso, Luis Ibáñez.