Desestimado el recurso a la instrucción del fraude en el Dique Este del Puerto de Barcelona

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha desestimado los recursos de varias defensas de los implicados en el presunto fraude cometido en la construcción de la ampliación del Dique Este del Puerto de Barcelona a partes de la investigación o a la totalidad después de que se levantara el secreto de sumario.

La juez considera apropiados todos los pasos seguidos por la policía judicial durante la investigación, las entradas y registros y los pinchazos telefónicos.

Según ha podido saber Europa Press, las defensas pedían que se anulara la instrucción, que estuvo secreta hasta finales de noviembre, porque según ellos las medidas ordenadas por el juzgado han sido desproporcionadas y porque se ha vulnerado el derecho de defensa de algunos de los imputados, aunque en algún caso el recurso es sólo por una entrada y registro.

En este caso se investiga un posible fraude fiscal cometido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) --FCC, Construcciones Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa-- que construyó la ampliación del dique, al comprar por 7,4 millones de euros a la empresa Coterras 865.000 toneladas de piedra que según el fiscal nunca existieron.

También se sospecha que podría existir un delito de malversación de fondos públicos ya que la UTE facturó esa piedra al Puerto de Barcelona.

En uno de los recursos se consideraba que en la instrucción no se respetaron las garantías procesales y que adoptar la medida de secreto de la causa era innecesario, porque los hechos investigados ya estaban recogidos en informes que hizo en su día la Agencia Tributaria.

Asimismo, se argumentaba que las intervenciones telefónicas y las entradas y registros eran inadecuadas y prescindibles, ya que para obtener la información necesaria se podrían haber utilizado medios menos gravosos.

Lamentan que en estas escuchas se haya accedido a conversaciones entre personas dedicadas a preparar la defensa de los implicados, ya que se llegaron a grabar conversaciones entre abogados.

Respecto a la imputación de un asesor de los propietarios de Coterras, el recurso lamenta que se base en unas supuestas reuniones con un importante cargo del Puerto, que según consta en un informe de la Guardia Civil, fue confundido y en realidad es un trabajador de su empresa.