SEÑAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREMO
Un directivo de Unipost cree que las facturas de un millón para el 1-O podían ser un "presupuesto" o un "error" interno
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Mossos pèr la Independencia, la sectorial de la policía de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Albert Donaire, ha negado este miércoles durante su declaración en el juicio del 'proces' en el Tribunal Supremo haber tenido relación con el que fuera presidente de esta entidad Jordi Sánchez -para quien se reclaman 17 años de cárcel por rebelión- ni haber acordado con él o con otros dirigentes de esta organización cuál debería ser el papel de la policía autonómica durante el 1-O.
A preguntas del abogado Javier Ortega Smith que representa a la acusación popular ejercida por Vox y que era quien le había llamado como testigo, el mosso ha manifestado que durante la jornada del referéndum ilegal, en la que él únicamente intervino a última hora de la tarde, tenían órdenes de "respetar las resoluciones de no causar un daño mayor a la población" y "siempre intentando cumplir la Constitución".
La actitud chulesca del testigo al inicio de su intervención, en la que ha utilizado algunas palabras en catalán que han sido respondidas con varios "eso ¿Qué quiere decir?" por el letrado de Vox, ha merecido la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, quien le ha recordado su posición en este procedimiento.
"NO CONFUNDA EL ESCENARIO"
"No se me está juzgando aquí", ha espetado el testigo al abogado y secretario general de Vox, después de que éste le preguntara por un mensaje que publicó en la red social Twitter el 6 de septiembre de 2017 diciendo que "como mosso" estaba al lado del Govern para que se pudiera celebrar el 1-O, acompañándolo de una foto en la que aparecía cuadrándose uniformado ante una 'estelada'.
El rifirrafe que parecía que iba a producirse entre abogado y testigo fue evitado por el magistrado Marchena, que conminó al mosso a no "confundir el escenario". "Usted ha sido citado como testigo y se va a limitar a contestar las preguntas -le ha recordado Marchena-. Es un agente de la autoridad y está ante la autoridad judicial. Eso sí, diga la verdad y si no me oye decir que la pregunta es improcedente tiene que contestar, como agente de la autoridad debe saber cual es su deber".
Tras escuchar al presidente, el testigo ha rebajado su tono inicial y ha seguido contestando a las preguntas de Ortega Smith, que estaba especialmente interesado en conocer su relación con la ANC.
En este punto el testigo ha negado conocer cuántas personas pertenecen a la sectorial de Mossos en la organización independentista, y tampoco ha podido dar este dato respecto a una cuenta en Telegram a la que pertenece y en la que agentes de esta corriente ideológica hablaban de temas de "política o chistes" según ha respondido a preguntas del fiscal Javier Zaragoza.
En cuanto al 1 de Octubre, ha manifestado que ese día intervino ya por la tarde en un centro en el que "no apareció policía ni guardia civil" y en el que no intervinieron ni retiraron urnas porque no tenían ni medios ni capacidad para ello.
Finalmente, a preguntas del abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero del Interior Joaquim Forn, el testigo ha rechazado que Mossos pèr la Independència tuviera ninguna representación ni actividad sindical dentro del cuerpo autonómico. También ha reconocido haber sido investigado y expedientado por asuntos internos.
PACTO POR EL REFERÉNDUM
Después ha comparecido Joan Ignasi Elena, uno de los organizadores de Pacto por el Referéndum, que ha descrito como una plataforma que incluyó a una "inmensa pluralidad de entidades" catalanas como empresas, entidades deportivas -entre las que se encontraba el Barcelona F.C- ong, sindicatos de clase y sectoriales etc.
A preguntas del abogado de Vox Juan Cremades el testigo ha explicado que su objetivo era el de "emplazar a los gobiernos de Cataluña a la celebración de un referéndum" y ha añadido que no tenían vinculación con los partidos políticos y tampoco recibían subvenciones públicas.
También ha negado haber contactado con responsables de contenidos digitales de la Generalitat y ha insistido en que todas las entidades que lo conformaban compartían el "deseo de que se acordara un acuerdo para un referéndum acordado", por lo que no tuvieron nada que ver con la fijación de la fecha ni la pregunta realizada para el 1-O, algo que era, según este testigo "responsabilidad de los políticos".
NI SE REALIZÓ EL SERVICIO, NI SE COBRÓ
La vista oral había arrancado con la declaración de Xavier Barragám, el que fuera director financiero de Unipost, empresa en la que se incautaron más de 45.000 tarjetas censales para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Este testigo, que ha comparecido a petición de la acusación popular Vox, ha afirmado que la empresa no cobró un millón de euros de la Generalitat por el encargo de repartir este material electoral.
Ha apuntado que de hecho se dio la orden de no tramitar ni realizar el servicio ya que no existía nota de entrega. En este sentido, Barragán ha recordado que cuando declaró en dependencias de la Guardia Civil y le mostraron cinco facturas proformas que sumaban dicho importe no fue capaz de ver la "trazabilidad en el sistema", por lo que entiende que podía ser un "error" interno o "derivados del poco conocimiento" de su funcionamiento, ya que la empresa se encontraba en un concurso de acreedores, con departamentos "vacíos".
Con todo ello, ha indicado que supone que también "podía ser un presupuesto", lo que "no justifica nada" para cobrar los servicios. Aún así, ha añadido que este hecho no fue algo "especifico" con la Generalitat, sino que ocurrió con otros clientes.
También ha comparecido este miércoles el presidente el Consejo de Administración, Antón Raventós, quien no ha podido ofrecer muchos detalles sobre los hechos, pues, según ha dicho, "no llevaba la parte contable" de la empresa.
Tras él ha declarado el responsable de la delegación de Unipost en la zona de San Juan de Barcelona, quien ha admitido que recibió un correo electrónico de su superior, el 18 de septiembre de 2017, para hacer el reparto "urgente" de un encargo de la Generalitat. Sobre este trabajo ha dicho que "oficialmente" nadie le informó que se trataba de material electoral, pero ha apuntado que existían "rumores" entre los trabajadores de ello.
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