Mantiene su condición como testigo "a la espera" del contenido del expediente sancionador que el ICAC tramita contra la compañía
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la imputación del socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que estudió las cuentas de Bankia antes de su salida a Bolsa, argumentando que no existen "nuevos hechos o datos" en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad que permitan la adopción de esta medida.
En un auto hecho público este viernes, el magistrado rechaza la petición de imputación solicitada por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y señala que el único motivo en el que se sustenta esta petición es "el contenido del expediente sancionador" que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) tramita contra la compañía.
El juez acuerda mantener la actual situación de Celma, que declaró el pasado 21 de febrero como testigo, "a la espera de las conclusiones a las que pueda llegar el citado expediente sancionador, así como del resultado de la prueba pericial" que se está practicando.
En septiembre pasado la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la imputación del socio auditor de Deloitte, al entender que ya ha prestado una "extensa" declaración como testigo sin que proceda, "por el momento", modificar su condición procesal a la vista del resultado del expediente sancionador.
La Confederación Intersindical de Cajas solicitó la imputación del representante de la firma tras analizar el informe del ICAC, que sostenía que Deloitte tenía clasificada a Bankia como una "empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad" mientras trabajaba en la auditoría de sus cuentas semestrales previas a la salida a Bolsa.
ADVIRTIÓ DE "DUDAS RAZONABLES"
Celma, que permaneció declarando en la Audiencia Nacional durante más de cinco horas, aseguró que en marzo de 2012 advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
También dijo que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice la versión que aportaron el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el resto de consejeros de la entidad, que apuntaron que la auditora sólo realizó objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia.
Las primeras cuentas de Bankia de 2011, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración el 28 de marzo de 2012, presentaban unos beneficios de 309 millones de euros. Tras la dimisión de Rato, que se produjo el 7 de mayo de 2012, tuvieron que ser reformuladas y pasaron a tener unas pérdidas de 2.979 millones, lo que obligó a la entidad a solicitar 17.959 millones de euros de ayudas públicas.
En este procedimiento hay un total de 37 imputados, entre los que se encuentran 32 miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad financiera, que presidía Rodrigo Rato, y Bankia y el BFA en calidad de personas jurídicas.
