BRUSELAS, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia dictaminará hoy si es legal o no la denominada ley 'anti-EdF' o 'ley Rato', que fue diseñada en 1999 para frenar la entrada de la eléctrica francesa en Hidrocantábrico. La norma establece que cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno.
El Ejecutivo comunitario considera que esta norma impone restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales que vulneran el Tratado. La sentencia del Tribunal llegará en plena efervescencia de rumores sobre el interés de EdF de hacerse con el control de Iberdrola.
España ya modificó esta ley el 30 de diciembre de 2003 tras la apertura de un primer procedimiento de infracción en 2001. Sin embargo, la Comisión consideró que los cambios realizados no eran suficientes, puesto que daban a las autoridades amplios poderes discrecionales para decidir autorizar o no el ejercicio de los derechos de voto en empresas energéticas españolas por parte de entidades públicas.
El Ejecutivo comunitario señaló además que este régimen iba más allá de lo necesario para el objetivo de salvaguardar las operaciones y la prestación de los servicios de dichas empresas. Además, subraya que los argumentos de España en defensa de la ley son "insatisfactorios" a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
