MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Afectados Filatélicos de España y Portugal (FAF), que representa a más de 30.000 familias, solicitó hoy al Gobierno y al resto de grupos políticos parlamentarios que, dentro de las medidas que en estos días se están adoptando para garantizar el ahorro de los ciudadanos, se arbitre una solución para paliar su situación, según informó la organización en un comunicado.
Para ello, los afectados iniciarán una serie de actuaciones y movilizaciones que se extenderán hasta el 9 de noviembre, cuando se cumplen 30 meses de la intervención judicial de las empresas.
La FAF pide que "el cambio en las políticas del Gobierno para garantizar los ahorros de los ciudadanos también tenga reflejo para solucionar la situación de las más de 460.000 familias afectadas por Afinsa y Fórum Filatélico".
Los afectados proponen que la solución se haga el marco de la nueva Ley que regula la Inversión en bienes tangibles, aprobada en diciembre de 2007.
El Gobierno se comprometió en el punto tercero de la Disposición Adicional Tercera elaborar un estudio "de las medidas y las posibles alternativas que coadyuven a la devolución máxima posible a los afectados por la declaración de concurso de las entidades Fórum Filatélico y Afinsa, en los ejercicios económicos correspondientes entre los años 2008 y 2011".
Asimismo, la ley establece que "el Estado podrá admitir en adjudicación el pago de las cantidades que pudieran corresponderle como créditos concursales o bienes muebles cuya liquidación pudiera resultar compleja y dilatada en el tiempo".
Por tanto, la FAF exige que, dentro del marco de negociaciones abiertas entre Gobierno y oposición relativas a la situación económica, "se adopten los acuerdos necesarios y se colabore con las administraciones concursales como dice le Ley de Bienes Tangibles".
Por último, los afectados recordaron que durante los 29 meses transcurridos desde la intervención, las familias afectadas "han tenido que aguantar expresiones referidas a su avaricia, a su codicia y a la imposibilidad de socializar pérdidas por parte de los máximos responsables del Gobierno socialista.
