La Fiscalía confirma que el grupo tiene 27 empresas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá, pero archivó las pesquisas por delito fiscal
MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores, según el informe enviado por la fiscalía a la Audiencia Nacional.
Los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón han emitido un informe favorable a la apertura del proceso penal por dos de los cuatro delitos denunciados -estafa e insolvencia punible-, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, deberá ahora pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella a la que se podrán adherir los demás inversores, que se cifran en cerca de 5.000.
El informe de la Fiscalía pone de manifiesto la "opacidad" de la estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones".
Los fiscales confirman que el grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá. Sin embargo, informan de que el pasado 13 de noviembre se acordó el archivo de la investigación abierta por presuntos delitos fiscales para limitarse a la captación de ahorro de 4 sociedades.
DELITOS FISCALES, A CARGO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Anticorrupción tomó esta decisión dada la "inviabilidad de una intervención general sobre un grupo indeterminado de empresas" y dejó en manos de la Agencia Tributaria las numerosas demandas que tramitan los tribunales de primera instancia por los presuntos delitos fiscales cometidos por las distintas sociedades de Nueva Rumasa.
Además, del informe se desprende que los fiscales han podido identificar, con los datos disponibles hasta diciembre de 2009, a un total de 1017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros. A éstos habrá que sumar los inversores que adquirieron pagarés hasta enero de 2011.
Los fiscales recuerdan que los pagarés fueron emitidos, con una inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa. La sociedad Hibramer también emitió pagarés, aunque no es objeto de la querella. Todas ellas en situación concursal o pendientes de la declaración de insolvencia.
Anticorrupción apunta también que en enero de 2011, la sociedad Rumanova ofreció nuevos pagarés, que podrían vencer en 2014. La Fiscalía difiere de los querellantes y descarta pedir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por la presunta mala actuación de la CNMV y del Banco de España.
La querella, presentada por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, va dirigida contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades del 'holding', a los que reclaman cerca de 10 millones de euros por las inversiones en pagarés del grupo empresarial.
