MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó que el decreto-ley de medidas excepcionales y urgentes que regula la conducción de agua de Tarragona para abastecer a Barcelona, aprobado en Consejo de Ministros, "no es un trasvase", al mismo tiempo que ratificó la política de agua que ha seguido hasta ahora y que mantiene la derogación del trasvase del Ebro.
"Digo rotundamente que no es un trasvase" aseveró Espinosa tras su reunión en la sede del ministerio con los consejeros responsables autonómicos en la materia, a excepción del de Baleares, País Vasco y Ceuta.
La ministra también recordó que actuaciones similares se han llevado a cabo en Valencia, Alicante y Murcia. "Si en aquellos momentos no se hablaba de trasvase, no sé por qué se hace ahora", apostilló.
Por otro lado, Espinosa destacó que "ninguna comunidad autónoma ha rechazado el Real Decreto-Ley" cuyas obras tendrán un coste de 180 millones de euros y tardarán seis meses, y agradeció "el clima de diálogo que ha habido a lo largo de las más de tres horas de reunión"
De cualquier modo, la ministra quiso dejar claro a los asistentes que "se mantiene la derogación del río Ebro" y subrayó que el Gobierno "quiere dar continuidad" a las políticas que se han desarrollado en esta materia en la anterior legislatura.
"Me ratifico en la política del agua que tenemos establecida", enfatizó Espinosa que recordó que situaciones como el crecimiento de la población o los impactos sobre el cambio climático "nos han llevado a reajustar posibles aportaciones".
"Tenemos que trabajar conjuntamente con los datos que tenemos", especificó la ministra que añadió que, desde el Ejecutivo, se está "abierto al diálogo".
LAS CCAA, "SATISFECHAS".
Previamente a su intervención, la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, la 'popular' María José Ruiz, señaló, como portavoz de todas las regiones, que todas las comunidades autónomas están "satisfechas" con la decisión del Gobierno porque "se da respuesta a una necesidad". Además, explicó que "el sentido común ha imperado" debido a que fue "una actuación de medida urgente".
Barcelona se enfrenta a un déficit hídrico a partir de otoño de 3,9 hectómetros cúbicos, en caso de que persista la actual sequía, por lo que el decreto-ley tratará de evitar durante nueve meses las restricciones de boca de agua, que afectarían a los cinco millones de habitantes abastecidos por el sistema Ter-Llobregat.
El acuerdo contempla la optimización de los caudales ya regulados en la Ley de 1981 sobre actuaciones en la materia de agua de Tarragona.
El Real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, hasta que se cumpla alguna de las siguientes circunstancias: el transcurso de un mes desde la entrada en pleno funcionamiento de la planta desalinizadora del área metropolitana de Barcelona o la superación de la situación de emergencia que ha motivado este acuerdo.
