Estatut-Gobierno y partidos catalanes marcan posturas en justicia con optimismo, aunque persisten diferencias en lengua

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, los partidos del tripartito catalán y CiU marcaron hoy sus posiciones en aquellos temas relativos a la Justicia que afectan tanto a la modificación en curso de leyes estatales, especialmente la del Poder Judicial (LOPJ), como al proyecto de reforma del 'Estatut' catalán, informaron a Europa Press fuentes socialistas. Estas fuentes se mostraron optimistas respecto a que esta materia no será problema para el acuerdo global del proyecto estatutario, aunque reconocen que donde más diferencias hay es en lo relativo a la lengua.

Según acordaron el viernes los negociadores del Estatut, los temas de la Justicia se iban a tratar esta semana con el Ministerio de Justicia aprovechando el trámite parlamentario de los proyectos de reforma del Poder Judicial y la ley de los consejos autonómicos. Los partidos catalanes se comprometieron incluso a pactar enmiendas conjuntas a estos textos.

La reunión multilateral, que tuvo lugar en la mañana de hoy en el Ministerio de Justicia, tenía por objeto precisamente realizar una primera lectura de los borradores de las enmiendas que los partidos catalanes pretenden plantear ante estas reformas judiciales de ámbito estatal, habida cuenta de que también contribuirán a cerrar este capítulo en las negociaciones del Estatut. Una vez marcadas las líneas de negociación, los contactos proseguirán la próxima semana en un nuevo encuentro.

COMPETENCIAS Y CONSEJOS TERRITORIALES

En concreto, se trataron cuatro temas: competencias, consejos territoriales, justicia de proximidad y lengua. Respecto al primero de ellos, los partidos catalanes partían con la pretensión de que material y personal, incluidos secretarios judiciales, dependieran de la Generalitat, cuestión a la que el Ejecutivo se niega. Ante ello, el Gobierno se mostraría dispuesto a determinar con más precisión determinadas competencias.

En segundo lugar, y en cuanto a los consejos territoriales, se parte con el acuerdo básico del Proyecto de Ley que crea estos consejos autonómicos de Justicia. Los nuevos consejos empezarán a funcionar un año después de la entrada en vigor de la Ley y recogen las funciones que ostentaban las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y demás órganos radicados en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Los partidos catalanes plantean que estos consejos deberían ser más flexibles y, aunque mantienen la cuota de designación parlamentaria, aconsejan reducir el número de componentes, de forma que no superasen la docena. Los socialistas también estarían dispuestos a estudiar esta demanda de reducir el número.

En el proyecto de Ley se recoge que estarán compuestos por miembros natos, miembros elegidos por los componentes de la carrera judicial destinados en la comunidad autónoma, juristas de reconocido prestigio en número igual al de miembros natos, elegidos por su Asamblea autonómica, el Fiscal Jefe en la Comunidad respectiva y los jueces decanos.

En cuanto a la Justicia de proximidad, los partidos catalanes plantean que se pueda dividir entre distrito y comarca, cuestión que desde el PSOE no se ve con buenos ojos porque generaría más problemas que contrapartidas.

LA LENGUA, PRINCIPAL ESCOLLO

Pero el tema que, según las fuentes consultadas, sigue siendo más espinoso y las posiciones están más enrocadas es en el de la lengua. En este asunto, los socialistas ven a CiU como quien se muestra más exigente respecto a la obligación de conocer el catalán, pues entienden que el 'tripartito' aceptaría que el idioma fuera un mérito, de manera que no fuera obstáculo en caso de que los candidatos a la plaza no lo conocieran, aunque si alguno supiera catalán, tendría más posibilidades.

El PSOE, de su parte, se muestra dispuesto a realizar cesiones para que el idioma cuente para la promoción interna a determinados puestos, pero siempre y cuando los candidatos ya tengan plaza previamente.