Rechaza "debates fuera del Parlamento" y apuesta por "limar aristas" de forma "cabal" bajo los principios de "solidaridad y unidad"
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, animó hoy a las Cortes Generales a tramitar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha con la voluntad de alcanzar consensos que permitan "limar las aristas más agudas" y "adecuar las legítimas demandas" incluidas en ese texto "a los márgenes constitucionales y al proyecto común de todos los españoles".
De la Vega, que se mostró convencida de que los grupos trabajarán para en aras de esos pactos, realizó esta afirmación en el debate de toma en consideración de la norma castellano-manchega y lo hizo justo después de advertir de que "no debe sorprender" que este proyecto prevea una sección completa dedicada a regular la política del agua, habida cuenta de la importancia que este recurso tiene para ésta y otras comunidades.
El texto que hoy arranca su tramitación en las Cortes y que llega con el apoyo del PSOE y el PP de Castilla-La Mancha, ha generado discrepancias en el seno de los dos grandes partidos y tiene el rechazo de la Comunidad Valenciana y de Murcia, que se benefician el trasvase Tajo-Segura, una conducción que, según el texto, deberá clausurarse en 2015.
La 'número dos' del Gobierno subrayó la legitimidad de Castilla-La Mancha para formular sus propia interpretación del reparto de competencias en materia hídrica, pero, a continuación, recalcó que también es "indudable" que son la Cortes las que "están constitucionalmente facultadas para adecuar el planteamiento de las comunidades autónomas a los márgenes constitucionales y al proyecto común de todo los españoles".
EL EJEMPLO DE ARAGON
"Estoy convencida de que así lo haremos mediante el diálogo, el debate de ideas y la voluntad de alcanzar acuerdos", apostilló la vicepresidenta, quien también recordó que la Carta Magna "quiere que autonomía política y solidaridad vayan siempre de la mano". Además, mencionó la solución que se dio a este tema en el Estatuto de Aragón como "un buen ejemplo" al que habrá que dar continuidad.
En este contexto, De la Vega fijó los principios que, en opinión del Gobierno" deben guiar el trabajo de las Cortes: lealtad institucional, unidad y solidaridad. Así, destacó que todos los puntos del texto fruto del trabajo "largo y generoso" realizado por los parlamentarios castellano-manchegos deben tener "cumplida respuesta política en las Cortes, porque sólo estas representan al pueblo español".
Al desarrollar su idea del principio de unidad, explicó que, si a las comunidades les corresponde "explorar las posibilidades de su autogobierno", el papel de las Cortes es consolidar estas posibilidades "en el marco de un Estado unido, sólido y eficaz".
Tras recordar que las reformas estatutarias tramitadas en la anterior legislatura han demostrado que la participación de las Cortes "permite dar publicidad a las distintas corrientes políticas y los acuerdos que finalmente articulan la reforma", enfatizó que, en todo caso, el debate sobre estos textos "ni discurre ni ocurre fuera del Parlamento".
En este punto, apostó por situar la propuesta castellano-manchega "en el contexto más amplio de todo el Estado y llegar a acuerdos para limar las aristas más agudas con el propósito de que todas piezas encajen del modo adecuado".
PROPUESTA "OPORTUNA Y NECESARIA"
Además, quiso dejar claro que el principio de solidaridad al que apela el Gobierno tiene una doble vertiente: la de la solidaridad entre el Estado y las comunidades y la de éstas entre sí. "La solidaridad consiste en respetar y garantizar la diversidad jurídica y política, pero asegurar que esa pluralidad crece sobre una base común de responsabilidad colectiva", puntualizó.
Asimismo, recalcó que la solidaridad es "el cemento necesario para que todos los españoles cuenten con iguales oportunidades para desarrollar sus capacidades y expectativas de vida" e incidió en que la defensa de la pluralidad territorial "sólo cobra sentido en el marco de una igualdad y de un nivel de bienestar mínimo disponible".
De la Vega, que definió como "oportuna y necesaria" la propuesta de reforma, alabó el reparto de competencias que establece el texto y los nuevos derechos de ciudadanía que contiene, y aseguró que el proyecto "plasma a la perfección el imaginario colectivo que une los tres pilares de democracia, autogobierno y progreso como base para la convivencia colectiva".
PRIMERA REFORMA DE LA LEGISLATURA
Después de recordar que ésta es la primera reforma estatutaria que se tramita en la presente legislatura y se congratuló de que hayan quedado "atrás" aquellos momentos "en los que algunos grupos parlamentarios vieron con desazón la iniciativa de las comunidades autónomas considerándolas artificiales e innecesarias".
"Hoy, afortunadamente, recibir propuestas de reformas estatutarias es un acto de normalidad política y parlamentaria", se felicitó, recordando, una vez más, que las modificaciones de estas normas son "cosa de dos": del Parlamento autonómico correspondiente y de las Cortes Generales.
Por último, hizo hincapié en que, una vez que se tome en consideración, la labor de los diputados y senadores será "estar a la altura", cooperando "lealmente" con los autores de la propuesta, "desde el cabal ejercicio" de sus "responsabilidades como representantes de todos los españoles". "Lo hemos hecho en las anteriores reformas y así lo vamos a hacer también en esta", garantizó, incidiendo en que la reforma de los Estatutos dentro de la Constitución "es el mejor modo de avanzar hacia una España mejor".
