SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, consideró que "no hay nada que justifique" casos de presunta corrupción urbanística como el que se investiga en Estepona (Málaga), pero pidió que se establezcan cambios legislativos en las calificaciones de suelo, de forma que todo suelo que vaya a ser urbanizable o urbano, en esa transmisión de rústico a urbano tenga 'a priori' un carácter público, para posteriormente convocar concursos públicos para "devolverlos al mercado", un procedimiento con el que "se evitarían tentaciones".
En declaraciones a Europa Press, Toscano consideró que las calificaciones de suelo "no deben ser las que actualmente existen, sino que desde la calificación de suelo rústico, como paso previo a ser urbanizable o urbano, tenga un carácter público y se convierta en suelo público".
El presidente de la FAMP, que se basa en su experiencia personal en el ámbito municipal a la hora de formular esta propuesta, consideró que con esta medida "los poderes públicos tuvieran la competencia para devolver al mercado ese suelo en ciertas condiciones".
"Así se evitarían las tentaciones en las que a veces caen algunos de beneficiarse a título particular de algo que debe tener un interés general", agregó Toscano, quien reconoció que el suelo "tiene un importante poder de enriquecimiento y transformación de las ciudades".
Además abogó por que la transmisión de suelo sea mediante concursos públicos "y no mediante acuerdos privados entre particulares y administraciones", ya que "se evita el tráfico intermedio y las posibles tentaciones, pues la obtención de suelo urbano se logra de forma pública y mas transparente".
Agregó que con esta fórmula, el destino de esos suelos que salgan a concurso público "contribuirá a la cohesión social que una sociedad necesita y a que prevalezca el interés público sobre interés privado".
"ES UNA MINORÍA".
Sobre el caso concreto de Estepona, el presidente de la FAMP mostró su prudencia por esta operación e indicó que "estamos en un Estado de Derecho, con los poderes perfectamente organizados y divididos y afortunadamente ese Estado de Derecho funciona correctamente y le corresponde al poder judicial intervenir y actuar cuando haya anomalías de esta naturaleza, con el apoyo de la Policía Judicial".
Por ello, mostró su "tranquilidad" por que ese poder "funciona" y mostró su confianza en que "se clarifiquen todas las irregularidades que se hayan cometido mediante la actuación del poder judicial".
Toscano lamentó que este tipo de situaciones ocurran aunque aseguró que el conjunto de los ayuntamientos "actúa con honestidad", aunque reconoció que "como en cualquier otro colectivo social hay minorías que están abusando de su situación privilegiada, pero no es algo habitual y sólo se centra en determinadas zonas de costa".
