PALMA DE MALLORCA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, ha citado a declarar para el próximo día 18 a la exconsejera insular de Medio Ambiente y exportavoz de UM Catalina Julve, quien solicitó su comparecencia en el marco de la pieza que investiga la contratación presuntamente irregular de militantes de la formación a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell de Mallorca.
Asimismo, según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, también por las mismas pesquisas ha sido emplazada a declarar el día 25 Esperança Massanet, secretaria técnica de Francesc Buils cuando éste ostentaba el cargo de consejero de Presidencia en la Institución insular. Mientras tanto, el fiscal Miguel Ángel Subirán ha solicitado el fin de la instrucción de estas investigaciones, petición pendiente de resolver por parte de la magistrada.
Las investigaciones, enmarcadas en concreto en la pieza separada número 13, apuntan a que, pese a estar a sueldo del Cilma, los empleados 'fantasma' cuya contratación se encuentra bajo la lupa judicial no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a realizar labores en favor del extinto partido nacionalista.
Es más, las pesquisas apuntan a que exaltos cargos insulares, entre ellos su exvicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos agentes electorales 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
La jueza ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el exgerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.
Precisamente, la exsecretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, también fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como también del exalcalde de Pollença, Joan Cerdà.
Eugenia Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.
Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Buils se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados. Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.
