Familiares de desaparecidos del franquismo envían una carta a Caamaño para criticar el trato "degradante" a las víctimas

EP/REMITIDO

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado este viernes una queja en el registro del Ministerio de Justicia en la que denuncia la "desprotección" que sufren las víctimas de las desapariciones causadas durante la Guerra Civil y la represión franquista y acusa al Estado de ejercer un trato "degradante" a los afectados al vivir "ajeno al drama de miles de familias que buscan a sus seres queridos".

La asociación ha presentado en la mañana de este viernes la misiva para solicitar al ministro del ramo, Francisco Caamaño, que facilite de manera "urgente" pruebas de ADN para apoyar la labor de los equipos que trabajan en la exhumación e identificación de fosas. El escrito recoge que la urgencia de las medidas políticas y judiciales que reclaman viene motivada porque muchos de los afectados tienen "una edad muy avanzada" y a menudo expresan su deseo de "enterrar dignamente a sus seres queridos" para "poder morir tranquilos".

"A estos hombres y mujeres les robaron un padre o una madre para asesinarlos y luego secuestraron sus cadáveres para multiplicar en el tiempo y la intensidad el trauma que generaban aquellos crímenes. Sus oportunidades para poder cerrar ese duelo tan largo y tortuoso se agotan", advierten los afectados en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el escrito dirigido al ministro de Justicia recuerda que España ratificó "sin reservas" la Convención de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y Arbitrarias, que entró en vigor el pasado diciembre y estableció la "obligación" de los Estados firmantes de proteger a las víctimas, erradicar las desapariciones y paliar "urgentemente" el sufrimiento que generan.

DESPROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

A pesar de su entrada en vigor, la asociación advierte de que las víctimas de las desapariciones siguen padeciendo una situación de "desprotección" en España. "Esa ausencia de medidas reparadoras es una forma de maltrato --avisa--. El Estado español vive ajeno al drama de miles de familias que buscan a sus seres queridos y esa forma degradante de tratarlas, como si fueran insignificantes, poco tiene que ver con los derechos que debe garantizar, para situaciones tan graves, una justicia democrática".

La ARMH destaca que los familiares de las 113.000 personas que todavía se encuentran enterradas en fosas comunes han sido testigos en los últimos días de cómo Justicia ha ofrecido análisis de ADN a los afectados por el robo de niños desde el franquismo hasta los 90. Precisan que "una decisión tan adecuada" como ésta "esconde una gravísima discriminación, creando entre quienes necesitan esos recursos una ciudadanía de primera y otra de segunda" y recuerdan que la Constitución española establece la igualdad de todos los ciudadanos.

"Lo que la ciudadanía debe esperar de un ministro de Justicia es que garantice derechos y accesos en igualdad a los recursos públicos dedicados a la justicia", remarca la asociación, para apuntar que la desaparición forzada es el delito individual más grave que existe en el Derecho Penal y concluir que "ya es hora" de que las víctimas dejen de ser "insignificantes" a ojos de las instituciones.

La asociación ha adjuntado al escrito parte de la biografía de Jesús Pueyo Maisterra, un zaragozano que tiene siete familiares directos desaparecidos, entre ellos su padre, y que "nunca" ha recibido ayuda por parte de las instituciones a pesar de haber pedido su auxilio desde hace décadas.