La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama investigar el crimen organizado y una reforma competencial de este órgano

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama en su Memoria correspondiente a 2007 que se le atribuyan las competencias para poder investigar en este órgano las nuevas formas de crimen organizado (tráfico de personas, armas etc.) que hoy dependen de fiscalías provinciales, lo que debería venir acompañado de una reestructuración a fondo de las atribuciones de este órgano judicial.

En la Introducción de la Memoria, firmada por el fiscal jefe en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se destaca que las actuales competencias fueron establecidas por Ley hace casi 23 años -se facultó a la Audiencia Nacional para delitos de terrorismo, narcotráfico, fraudes económicos, falsificación de moneda, blanqueo de capitales- y hoy dicha atribución competencial "es claramente insuficiente".

Insiste el Ministerio Público en la necesidad de reorganizar la Audiencia Nacional para poder hacer frente a las actuales prácticas del crimen organizado transnacional desde un órgano que "reúne las características necesarias -centralización y especialización- para combatir eficazmente ese fenómeno criminal".

ORGANOS ESPECIALIZADOS PROVINCIALES.

Dicha reforma debería estar acompañada, según Zaragoza, de la creación de "órganos judiciales de instrucción especializados" en aquellos territorios autonómicos y provincias que presentan un mayor volumen de criminalidad, como las grandes urbes, las islas y las zonas costeras, señaladas por la Policía como los lugares en los que se percibe una mayor presencia de actividades criminales por mafias italianas, rusas, rumanas, búlgaras, colombianas etc.

Así, la Fiscalía propone una reforma legislativa que permita atribuir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la investigación de los delitos de terrorismo, contra la Constitución, blanqueo de capitales, tráfico ilegal de personas, de material nuclear y radiactivo, de drogas y de armas y explosivos "cuando se cometan por grupos organizados y produzcan efectos en más de un territorio provincial".

A ellos se unirían los delitos contra el orden socioeconómico, contra una generalidad de personas y de grave repercusión en la economía nacional, así como los cometidos por españoles en el extranjero.

Reclama así la atribución a la Fiscalía de la Audiencia nacional de todos estos procedimientos a excepción de los de narcotráfico (asignados a la Fiscalía Antidroga) y de aquellos que hayan sido expresamente asignados a Anticorrupción por la Fiscalía General del Estado.

NUEVOS DELITOS.

Propone asimismo la Fiscalía la tipificación como delito nuevo el que castigue de forma específica la financiación terrorista, una conducta que hoy se integra en la de colaboración "de una enorme amplitud".

Ello potenciaría las investigaciones sobre esta actividad, según el fiscal, permitiendo además "un mayor grado de aplicación de ley penal frente a estos ilícitos comportamientos".

Finalmente, recuerda que en el ámbito de la Unión Europea se ha propuesto modificar la Decisión Marco del Consejo de junio de 2002 sobre lucha contra el terrorismo con la finalidad de que todos los estados miembros definan como delitos independientes el reclutamiento y adiestramiento de terroristas y la inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo.

La tipificación como delitos autónomos de estas conductas estaría dirigida especialmente a la lucha contra el terrorismo islamista, recalca la Fiscalía.

Sobre la inducción pública al terrorismo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional destaca en la Memoria de 2207 el uso de Internet en este tipo de conductas que ha permitido "un auténtico campo de entrenamiento virtual en el que la difusión de propaganda y de experiencias terroristas refuerza el adoctrinamiento y el adiestramiento de 'jihadistas' y contribuye a desarrollar una base más sólida y extensa de activistas y partidarios del terrorismo".

En la legislación actual, este tipo de conducta sólo es punible cuando tiene por objeto la comisión de un delito concreto, quedando al margen de la respuesta penal toda la actividad de difusión y distribución a través de Internet de mensajes y vídeos de contenido 'jihadista'.