Fiscalía mantiene su petición de 51 años de cárcel para acusados de introducir cocaína en España oculta en relojes

GIJÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal especial Antidroga en Asturias, José Perals, mantuvo hoy la petición de 51 años de cárcel para los cuatro imputados en el caso 'Kartero' por los más de siete kilos de cocaína procedente de Colombia e introducida en España, oculta en relojes decorativos, a través del servicio postal. Perals tan sólo modificó una de sus peticiones, al añadir una multa de 300.000 euros a la ya solicitada para Andrés Felipe S.S.. Asimismo, defendió la legalidad de las actuaciones policiales frente a la impugnación presentada por un letrado basada en la vulneración de la correspondencia privada.

En este sentido, la Fiscalía basó su argumentación en que varias sentencias, en las que se recoge que "no todo envío es una comunicación". Para él, no es válido lo sostenido por el abogado de la defensa de uno de los imputados, quien pidió la nulidad de las pruebas porque el paquete fue abierto "sin autorización digital" y apeló a que se había vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones postales.

Perals aclaró que en el exterior del paquete figuraba una nota en la que se explicitaba su contenido, es decir, los relojes decorativos, por lo que no sé vulneró ningún derecho, a su juicio, al tratarse de mercancía.

Asimismo, indicó que tres de los cuatro acusados recibieron en total cinco paquetes, pese a que sólo tres de ellos fueron controlados por la Policía. Estos tres últimos contenían, escondidos en los relojes, cantidades de cocaína pura que oscilan entre los 1.600 y los 2.300 gramos, lo que excede la cantidad calificada "de notoria importancia". También rechazó las impugnaciones solicitadas por los abogados sobre la valoración de pureza de la droga, y añadió que hacer impugnaciones "sin más", son para él "meros fraudes procesales".

En concreto, respecto al imputado Andrés Felipe S.S., indicó que estaba al frente de la organización junto a otro implicado que se encuentra actualmente huido de la Justicia. Ambos, de origen venezolano, convivieron juntos en Gijón y en Oviedo y estaban "siempre juntos" porque, según el fiscal, se dedicaban a la venta de droga.

También incidió en que, tras la detención de otro acusado, el cabecilla principal huyó de Oviedo a Madrid, donde no pudo ser detenido a pesar de haber sido localizado, mientras que Andrés Felipe se fue a casa de unos amigos. La prueba, según él, es que en la vivienda no había más objetos personales de este último que una televisión y una libreta, en la que figuraban unas anotaciones contables de sumas importantes de dinero, referidas, en su opinión, a la venta de droga.

Unido a ello, tildó de "dudosa" la declaración hecha por los amigos de este acusado, al que conocían porque ellos también eran sudamericanos y él solía ir a comer a su restaurante. El fiscal aludió a las "contradicciones" en las fechas y al hecho de que en su vivienda estuvieran todos los objetos personales del imputado.

En cuanto al imputado Alberto G.M., resaltó que había incurrido en contradicciones y que reconoció que habían abierto dos de los paquetes, además de que recibía droga a cambio de ser el destinatario de los envíos. Además, fue a recoger un paquete a Correos, a pesar de que la notificación se hizo en un domicilio que no era el suyo. También le acusó de implicar a los otros dos acusados gijoneses, Javier P.R. e Ivan R.C., amigos suyos, para que reciban a su nombre paquetes.

Sobre estos últimos, resaltó que Javier acompañaba a Alberto cuando este fue detenido, y que en lugar de interesarse por su amigo se dio a la fuga y alertó, según él fiscal, a los otros imputados. Además, reconoció que no fue a recoger el segundo paquete por miedo y que tiró el resguardo. Respecto a Iván R.C., se remitió a su declaración, en la que dijo que no le había gustado la procedencia del envío, Colombia, y que por eso abrió el paquete. El acusado reconoció que los relojes incautados con la droga eran como los que había en el paquete que él recibió.

Por otro lado, Perals tildó de "conducta muy grave" la de los tres implicados gijoneses, que pese a su juventud, entre 21 y 24 años en el momento de los hechos, tenían "pleno conocimiento" de lo que hacían.

También señaló que los análisis de los pelos extraídos a los acusados tras su detención dieron negativo al consumo de droga, así como que los peritos del SIAD (Servicio de Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias) apuntaron que eran consumidores, pero sólo por referencia e incluso, en el caso de Alberto G.M, señalaron que había un abuso pero no una dependencia. Por todo ello, indicó que no se puede aplicar como atenuante y mucho menos como eximente el que los imputados fueran drogadictos dependientes.

Por su lado, el abogado de Alberto G.M., Luis Tuero, que previamente había pedido la impugnación de la apertura del paquete recibido por su cliente y que conllevó su detención, solicitó la libre absolución de su defendido o, en todo caso, el rebajar dos grados la petición de pena, que a él le parece "desorbitada". El letrado, en contestación a un comentario del fiscal, apuntó que no todo lo que viene de Colombia tiene por qué ser droga.

También criticó que el que se considera uno de los cabecillas de la red de droga, el destinatario final de los paquetes, lograra fugarse debido, en su opinión, a la "negligencia policial". Además, dudó de la fiabilidad del análisis del pelo de su cliente y señaló, incluso, que no estaba demostrado que la droga viniera de Colombia porque en los autos no se incluía la documentación al respecto, por lo que no se puede hablar de introducción de droga en el país. También criticó que la Guardia Civil no intentará localizar a la persona anónima que llamó para dar detalles del caso, y que contribuyeron a la detención de algunos implicados.

Precisamente, en el juicio declaró hoy también el sargento de la Guardia Civil que recibió las llamadas de la fuente anónima, un hombre que utilizaba un móvil de prepago para no ser localizado ni identificado.

El agente indicó que las conversaciones no pudieron ser grabadas porque le llamaba a su móvil, pero que lo dicho por la fuente era creíble porque los datos que daba eran muy detallados y exactos, como el que dos implicados habían tenido un accidente de coche en Mieres, la descripción de estos o que al primero de los detenidos le acompañaba otro que estaba en el exterior. Este último dato fue comprobado gracias a las cámaras de seguridad del Casino de Asturias, situado frente a Correos.

El juicio continuará el próximo día 12, a partir de las 11.00 horas, con la lectura de las conclusiones de otros dos abogados, que representan a tres de los imputados. En concreto, el fiscal pide para Andrés F.S.S. la pena de 14 años de prisión y dos multas de 300.000 euros cada una; para Alberto G. M. una pena se cárcel de 13 años y una multa de 100.000 euros; y para Javier P. R. e Iván R. C., 12 años de prisión y multa de 100.000 euros.