La Fiscalía reconoce que el caso Turisme Jove es "más complicado" de lo que se creía por la abundancia de imputaciones

Actualizado: miércoles, 13 agosto 2008 16:35

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, aseguró hoy que las diligencias que se están instruyendo en torno al caso de presunta corrupción ligado a la cúpula del Consorcio Turisme Jove del anterior Govern del PP, están siendo "más complicadas de lo que se pensaba" en un primer momento, debido a que "de manera sorpresiva" van apareciendo nuevas personas implicadas, a las que se debe interrogar para esclarecer el caso.

En declaraciones a los medios congregados a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en Ruiz de Alda, el fiscal Subirán afirmó que el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, imputado en el caso, se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar a pesar de que la Fiscalía le formuló en dos ocasiones el interrogatorio.

Gálvez acudió acompañado de su abogado, Bartomeu Vidal, a las 9:55 horas a la sede de la Jefatura Superior de Policía para prestar declaración como imputado en el caso, y abandonó las dependencias policiales quince minutos después sin hacer declaraciones.

Subirán, por último, admitió que no puede confirmar si esta tarde, como estaba previsto, pasarán a disposición judicial las tres personas que permanecen detenidas desde el pasado lunes, debido a la complejidad del caso y a la espera de la llegada de más implicados para se interrogados, lo que está demorando las diligencias.

Sin embargo, mañana se agotará el plazo legal de 72 horas en el que la Policía puede retener a un detenido en los calabozos. Así, en las próximas 24 horas deebrán pasar a disposición judicial el ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, el ex jefe de Servicios y Mantenimiento de esta empresa pública, Francisco Gosálbez, y su mujer, Maria Auxiliadora Pérez. Se les acusa de sendos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos públicos y negociación prohibida para funcionarios.