PALMA DE MALLORCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha retirado la petición de pena de cárcel para el ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, y el secretario de este municipio, Sebastián Portell, acusados dentro del caso Caballistas, por considerar que no ha quedado acreditado a lo largo del juicio que ambos conocieran de manera directa y fehaciente que no se correspondía con la realidad el contenido del documento que firmaron a instancias del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal -presuntamente para legalizar su vivienda en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una agrupación hípica-.
Durante la modificación de conclusiones, una vez han finalizado el turno de declaración de los testigos citados en la vista oral, el fiscal Ladislao Roig señaló asimismo, en base a lo declarado en el juicio, que tanto Prohens como Portell suscribieron el certificado sin comprobar la información ni consultar los antecedentes municipales, y sin realizar gestiones "serias" para comprobar la veracidad de lo narrado, sino que lo rubricaron "tan sólo en la confianza" de que Vidal les había dicho la verdad, es decir, que la intención del documento era formalizar la sede de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines en su finca, ubicada en suelo rustico.
Mientras tanto, para el concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, se le retira la pena que recaía sobre él -nueve meses de inhabilitación y diez de multa- ya que desde la fecha de preparación del documento hasta que le fue recibida la declaración como imputado transcurrieron más de tres años, lo que constituye la prescripción de delito. En cuanto a Portell, el Ministerio público pedía cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por delito de falsedad documental, así como tres años de prisión y cinco de inhabilitación para Prohens.
Para el resto de acusados, se mantiene la petición de las penas solicitadas por la Fiscalía, es decir, seis años de prisión para Vidal, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades. Mientras, el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, se enfrenta a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.
El resto de acusados son el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el actual alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; y el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, para quienes la Fiscalía solicita nueve meses de inhabilitación y diez de multa.
