Gestoras.- La AVT justifica su petición de condena en que Gestoras dejó de ser "una simple ONG" en los ochenta

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió hoy al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a 24 responsables de Gestoras Pro Amnistía por su presunta integración en ETA que les condene a penas de entre 10 y 13 años de prisión porque, según señaló el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, la organización dejó de ser en los años ochenta "una simple ONG que se dedicaba a la asistencia de los presos y sus familiares".

"Las defensas han querido presentar a Gestoras como una simple ONG que se dedicaba a la asistencia de los presos y sus familiares, y quizá lo fue en los setenta y a principios de los ochenta, pero a día de hoy existen pruebas suficientes para entender que eso no es así", defendió el letrado durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, en la que sostuvo que "todos los acusados han colaborado de una u otra forma con la banda".

La AVT, que ejerce la acusación popular en este proceso, se adhirió ayer al escrito de conclusiones presentado por el fiscal Carlos Bautista, que reclamó 13 años de cárcel para los líderes nacionales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo por integración en organización terrorista en calidad de dirigentes y 10 años por idéntico delito para otros 21 miembros de este colectivo. Las acusaciones retiraron los cargos contra el titular del departamento de Ex Presos, Mitxel Sarasketa, el miembro de la Red Empresarial Jorge Luis Redondo y la responsable de Comunicación Maitane Méndez.

Durante su intervención ante el tribunal, los abogados del colectivo de víctimas insistieron en la idea expuesta ayer por Bautista de que Gestoras Pro Amnistía "no es un grupo armado pero está dentro de una organización terrorista". "Cumple todos los requisitos que exige el Tribunal Supremo para ser considerada como tal", afirmó el letrado Emilio Murcia en referencia al empleo de medios violentos, su estabilidad organizativa y la finalidad terrorista que guía sus actos.

Según su tesis, Gestoras Pro Amnistía configuraba uno de los "frentes" de la banda, actuaba en "sincronía" y de forma "complementaria" al resto de organizaciones del entramado etarra y compartía su misma financiación a través del denominado 'Proyecto Udaletxe'.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LAS DE ETA

Según Murcia, las tareas que los responsables del movimiento pro-amnistía desempeñaban se dividían en dos bloques: desarrollar "acciones complementarias de la lucha de ETA", como el señalamiento de víctimas y la coordinación de los actos de 'kale borroka' (violencia callejera), y "mantener la cohesión interna" de la banda, mediante las relaciones con presos y huídos y la captación de nuevos miembros.

El control de Gestoras por parte de ETA, según expusieron los letrados, se producía a través de la "doble militancia" de algunos de sus responsables, que también eran dirigentes de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Los responsables de esta organización, junto a los de su sucesora EKIN y el aparato internacional XAKI, fueron condenados en diciembre pasado a penas de entre 2 y 24 años de cárcel por conformar "el aparato político" y las "entrañas" de la banda. Según la AVT, la presencia de ETA en Gestoras estaba patente en sus cuatro niveles de organización: talde (local), eskualde (comarcal), herrialde (provincial) y nacional.

La abogada Manuela Rubio, que detalló las pruebas que existen contra cada uno de los acusados, mantuvo que Olano es el "responsable del máximo nivel de Gestoras desde principios de los noventa", como demuestran los testimonios de varios acusados o sus "constantes apariciones públicas recogidas en los medios de comunicación". En ellas "enaltecía" a etarras fallecidos o afirmaba que Gestoras iba a "seguir la línea política de ETA".

Según la AVT, Olano ha ejercido "el control, la supervisión y la autorización de todas las actividades" del movimiento pro-amnistía "en prácticamente todas las épocas" y era un habitual de las denominadas "reuniones de la izquierda abertzale", a las que asistía como "desdoblado" de EKIN. En relación con los otros dos acusados para los que se solicitan 13 años de prisión, indicó que Jugo "señaló" al concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa antes de su asesinato y que Zelarain también actuaba como "desdoblado" de EKIN en Gestoras.

MAÑANA, VISTO PARA SENTENCIA

La vista, que se celebra ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, se reanudará mañana, miércoles, con la lectura de conclusiones por parte de las defensas y el turno de última palabra para los acusados. Posteriormente, el tribunal, integrado por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, dejara el juicio visto para sentencia.

Al comienzo del proceso, que se inició el pasado 21 de abril, los acusados anunciaron su renuncia a su defensa jurídica al considerar que la sentencia se encontraba "escrita", tal y como señaló Olano. De esta forma, sus defensas redujeron la lista de más de 200 testigos que habían solicitado a apenas una docena, renunciando a testimonios como los del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.

Además de Olano, Zelarain y Jugo, se encuentran procesados en esta causa la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia; los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra).

También se sientan en el banquillo María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria) y Gorka Zulaica (Tesorería).

Tras la retirada de los cargos contra tres de ellos, completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras Pro Amnistía después de que en diciembre de 2001 el juez Baltasar Garzón declarara la ilicitud de sus actividades.