Los peritos ponen de manifiesto que la banda financió al colectivo pro-amnistía en 1986 y que se integraba en el MLNV
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El etarra José Ignacio de Juana Chaos se quejó a la dirección de la banda terrorista ETA de que Gestoras Pro Amnistía le diera órdenes y directrices e incluso le amenazara con expulsarle del colectivo de presos si no se ajustaba a ellas, según un documento incautado en agosto de 1993 al miembro del 'aparato político' José María Dorronsoro Malaxetxeberria que fue exhibido hoy durante el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra 27 dirigentes de este colectivo.
El documento interno de la banda, que constituye una de las pruebas periciales que el fiscal Carlos Baustista expuso durante la octava sesión de la vista oral, pone de relieve que un tal "IDJ", al que los peritos identificaron como Iñaki de Juana, "se quejó de que, como militante de ETA, no tenía por qué aceptar las consignas que le dirigen los abogados de las personas imputadas por su pertenencia a ETA o de las Gestoras Pro Amnistía", según detallaron ante el tribunal un comisario y un inspector del Cuerpo Nacional de Policía con 25 años de experiencia en la lucha antiterrorista.
En su comunicación a la dirección, De Juana señalaba que los integrantes de Gestoras Pro Amnistía se permitían "el lujo de darle directrices e incluso amenazarle con excluirle del colectivo de presos" y advertía de que, como militante de la organización, únicamente "reconocía a la dirección". "ETA me tiene que hablar en directo y no a través de Gestoras o de 'ZZ', que son algunos abogados", señalaba.
Los documentos de Dorronsoro también ponen de manifiesto que una estructura denominada 'Adidas' --identificada por varios indicios con Gestoras Pro Amnistía-- y otra denominada 'Z' ó 'ZZ' --que se corresponde con los abogados que asistían a los presos, entre ellos José María Gorostiza-- controlaban a los etarras que se encontraban cumpliendo condena haciéndoles llegar cartas en las que les ordenaba la realización de "campañas de lucha" que se simultaneaban con "acciones complementarias en la calle".
Como ejemplo, el perito explicó al tribunal que el etarra José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', se justificó ante la dirección de la banda por una entrevista que había ofrecido al diario 'Egin' tras salir de prisión argumentando que "se lo habían ordenado los 'Z' o 'ZZ'", por lo que "no fue un ruego sino una orden". En otra ocasión, el etarra José Antonio López Ruiz, 'Kubati', pidió cuentas a 'Adidas' por los términos en los que se realizó una de estas campañas.
El fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acción popular, solicitan para los 27 acusados diez años de prisión por un delito de integración en organización terrorista. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Gestoras constituía el "frente de 'makos' (cárceles)" de la banda y se dedicaba a controlar a los presos, ejercer de enlace entre ellos y la dirección de ETA y garantizar su disciplina.
"ETA FINANCIABA A GESTORAS"
Entre las pruebas aportadas al tribunal también figura otro documento del "archivo político de ETA" intervenido a Dorronsorro en el que se pone de manifiesto que ETA financiaba a las organizaciones que se integraban en la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). En concreto, el informe refleja que en 1986 la banda liberó fondos en beneficio de Gestoras por valor de tres millones de pesetas.
El tribunal también examinó los informes internos de ETA sobre el denominado 'Proyecto Udaletxe', que se puso en marcha a partir de 1995. Según este plan, las estructuras del MLNV seguían "un modelo de financiación con gestión mancomunada" en el que Gestoras Pro Amnistía, a quien se identificaba con la clave "policía municipal", aportaba fondos a través de los ingresos de sus 'txoznas' o casetas.
El perito policial también explicó que, a partir de la política de dispersión de presos que el Gobierno llevó a cabo en los años ochenta, el colectivo pro-amnistía se vio en la necesidad de crear la organización de familiares de presos Senideak con el fin de que pudiera optar a subvenciones públicas para financiar el gasto que suponían los viajes para visitar a los presos.
INTEGRACIÓN EN EL MLNV
De otros papeles incautados a la banda, como la denominada 'Ponencia KAS-Bloque Dirigente', se deduce que en 1977, tras la Ley de Amnistía, Gestoras se encuadraba en el denominado "Movimiento Popular", un frente dinamizado por ASK (Comités Socialistas Patrióticos) que aglutinaba a colectivos dedicados al asociacionismo vecinal, la reivindicación del 'euskara' y los derechos de la mujer. Con los años fue ganando peso y ya en 1978 dependía directamente de KAS, que conformaba junto a ETA "la vanguardia político-militar" del Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV).
Así constaba también en un documento intervenido en la sede de Jarrai y Haika en Bilbao dirigido a militantes recién incorporados en el que se repasaba la historia del MLNV, al que se definía como "una rica experiencia organizativa que aúna la pluralidad de organizaciones sectoriales con la comunidad de objetivos tácticos" y "una sólida unidad de acción política donde cada organismo diseña su línea de actuación sectorial pero todas se amoldan a un diseño común". De esta forma, ETA se encargaba de la "lucha armada" y el resto de organismos a la "acumulación de fuerzas", consistente en "establecer plataformas de planteamientos para llegar a acuerdos con otros agentes sociales".
Los informes periciales que el tribunal analizará en los próximos días incluyen documentos incautados en la sede de Gestoras en Hernani (Guipúzcoa), analizan la reconversión de esta organización en Askatasuna y abordan la relación de este colectivo con el asesinato del juez José María Lidón.
OLANO Y DÍAZ DE HEREDIA, ENTRE LOS ACUSADOS
En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, los responsables nacionales de la organización, Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo; o la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia.
También se encuentran procesados los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra), así como María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria), Mitxel Sarasqueta (Ex Presos) y Gorka Zulaica (Tesorería).
Completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa, Jorge Luis Redondo y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Maitane Méndez Bastida y Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras.
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