El Gobierno aprobará en otoño las reformas judiciales pactadas con el PP y regulará los consejos de justicia autonómicos

Actualizado 10/08/2008 15:23:14 CET

Presentará también su propuesta sobre la casación pero dejará para más adelante el plan para que el fiscal asuma la labor de instrucción

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno enviará este otoño a las Cortes un primer paquete de reformas judiciales, entre ellas las pactadas a finales de julio por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el lider de la oposición, Mariano Rajoy, pero también algunos asuntos que no están consensuados, como la regulación de los Consejos autonómicos de Justicia, según fuentes socialistas consultadas por Europa Press.

En concreto, el Gobierno aprobará las medidas legislativas para implantar en toda España la nueva Oficina Judicial, que pretende reorganizar el trabajo en los juzgados y hacer recaer las tareas más administrativas en los secretarios judiciales para que los jueces puedan concentrarse en juzgar. Esta iniciativa supondrá la modificación de una veintena de leyes, algunas de ellas orgánicas.

Además, propondrá un endurecimiento de las penas para los delitos sexuales y la creación de un registro de pederastas, asuntos en los que están trabajando ya los técnicos del Ministerio de Justicia y que serán consensuados con el PP.

El Ministerio también lleva meses trabajando en la nueva Ley de Protección de las Víctimas del Terrorismo, donde PSOE y PP han acordado incluir la obligación de que todas las administraciones públicas retiren toda mención a etarras en calles. El proyecto se presentará en los próximos meses pero su tramitación parlamentaria podría prorrogarse un año, según las fuentes consultadas.

Por otro lado, el Ejecutivo prevé presentar el próximo otoño un proyecto de ley orgánica para regular los consejos autonómicos de justicia, un proyecto de ley que no consiguió sacar adelante en la pasada legislatura. El PP sigue viendo con recelo la existencia de estos órganos, que están previstos en todos los Estatutos de autonomía nuevos, aunque sólo el catalán desarrolla ampliamente sus atribuciones.

FUNCIONES QUE DELEGUE EL CGPJ

Los socialistas quieren retomar este asunto y, como en 2005, proponer una única regulación por ley orgánica de todos los consejos autonómicos, dejando claro que no se pone en cuestión la unidad del Poder Judicial y que, por eso mismo, los consejos autonómicos tendrán las funciones que delegue en ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por ello, el PSOE confía en que finalmente será posible alcanzar un acuerdo con el PP sobre esta reforma, al igual que sobre la regulación de la casación, que el Ejecutivo también quiere acometer en otoño.

En este punto, mientras el PP quiere que el Tribunal Supremo sea el garante de la unidad del modelo judicial asumiendo los recursos de casación de toda España, el PSOE quiere limitar el papel del Supremo a los casos en que sea necesario unificar doctrina, aunque sus sentencias deberán tener también efecto inmediato en los casos en cuestión.

El Gobierno quiere, por otro lado, garantizar la doble instancia en los casos penales --la posibilidad de recurrir una sentencia y que el nuevo tribunal revise las pruebas y no sólo los argumentos jurídicos como sucede con la casación-- pero dejándola en manos de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que, según la Constitución, "culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma", aunque "sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo".

ABANDONAR LA FIGURA DE JUEZ DE PROXIMIDAD

Sin embargo, los socialistas planean dejar de lado otra de las reformas intentadas en 2005, la que pretendía crear jueces de proximidad y, en cambio, presentar --aunque no de inmediato-- una nueva Ley de Planta y Demarcación que haga más flexible el funcionamiento de los partidos judiciales, haciendo, por ejemplo, que nu juez pueda turnarse entre los municipios limítrofes.

El Gobierno dejará también para más adelante su propuesta, incluida en su programa electoral, de que sean los fiscales, con el acompañamiento de un juez de garantías, quienes asuman la labor de instrucción en el ámbito penal, y no los jueces de instrucción como hasta ahora. Las fuentes consultadas señalaron que el objetivo es enmarcar esta iniciativa en una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data del siglo XIX.

También quedará para los próximos años la reforma del acceso a la carrera judicial que el propio PSOE sólo incluyó de manera muy genérica en su programa electoral. Sobre este asunto, los socialistas son conscientes de que para emprender una reforma de tal calibre necesitan la complicidad del CGPJ, y esperan que el próximo Consejo, una vez sea renovado en septiembre con el consenso del PP, sea receptivo a esta reforma.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó recientemente que su objetivo es mantener el sistema de oposiciones y crear, en paralelo, un plan de formación de seis años, a modo de 'máster', con formación teórica y formación práctica. Según el ministro, la reforma es necesaria teniendo en cuenta que en la última convocatoria quedaron vacantes un 25 por ciento de las plazas.