BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Miembros de entidades vecinales y contra la especulación de Barcelona impidieron hoy aplicar una orden de desahucio contra el último inquilino de un bloque del número 29 de la calle Robador, en el barrio del Raval. Sin embargo, por el momento, el juez no ha suspendido el desahucio, según el portavoz de la Coordinadora Contra l'Especulació del Raval Pere Farré.
El edificio se vendió cuatro veces entre 2001 y 2003, aumentando exponencialmente su valor a pesar de su degradación. Los vecinos sufrieron acoso inmobiliario --'mobbing'--, como cortes de luz y agua, para que abandonaran los pisos y sólo quedó uno, a quien el Distrito de Ciutat Vella ha ofrecido un piso de realojo de titularidad pública como alternativa.
El último episodio se produjo hoy sobre las 09.30 horas, con el intento de desahucio de este último inquilino, que los concentrados ante el bloque impidieron evitando la entrada del secretario judicial y alegando que el hombre sufre depresión. El edificio tiene un bar en un bajo cuya propietaria también recibe presiones para que rescinda el contrato de alquiler y se marche.
El último inquilino es Manel González, un hombre de unos 40 años que vive solo. González bajó a media mañana para saludar a quienes le apoyaron, que llegaron a ser cerca de 50, y declaró estar pasando un mal momento que lleva mejor gracias a la ayuda de una psicóloga. "Me encuentro muy mal, muy vulnerable, muy frágil y con miedo", dijo.
Cuando la comitiva judicial se acercó al bloque a primera hora de la mañana, el inquilino se puso "muy rígido", afirmó, y advirtió: "Pensaba en cuchillos y en tirarme del balcón". Entre quienes se encontraban en la calle había el presidente de la Taula del Raval, Alexandre Grimal, quien, en declaraciones a Europa Press, advirtió de que no se trata de un hecho aislado.
"Lo que hay que entender es que en el barrio esto pasa cada día", aseguró el representante vecinal, quien advirtió que la crisis no ha parado las peticiones de ayuda de "gente que está recibiendo cartas de desahucio". No obstante, en algunos casos los vecinos se han "desmoralizado" de tal forma que son las entidades quienes tienen que acudir en su ayuda.
Grimal acusó a las administraciones de "inhibición" en situaciones de 'mobbing' inmobiliario. Igual de crítica se mostró la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Eva Fernández, quien criticó el "incumplimiento" de los compromisos por parte "fundamentalmente" del Distrito de Ciutat Vella.
Fernández explicó que el viernes la FAVB mantuvo la última reunión con la concejal del distrito, Itzíar González, y el último inquilino del número 29 de la calle Robador, y que culminó "sin un alojamiento claro" para el hombre. La líder vecinal subrayó que seguirá trabajando para que "ningún desahuciado no tenga garantizado el realojo".
Sin embargo, lamentó que las administraciones tengan que afrontar los desahucios con dinero público, una situación que se incrementa por la crisis, ya que más barceloneses no pueden pagar el alquiler. Según Fernández, "es lamentable que con el dinero público se tenga que asumir el coste social de aquello que es propiedad privada".