El juez pide a la Policía que no adjunte a los informes datos "innecesarios" tras la filtración de mensajes de Zapatero

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha comunicado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que evite incorporar "datos personales" ajenos a los hechos investigados e "información innecesaria" en los anexos de los informes sobre el caso, después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la causa, lo pidiera tras la filtración de algunos de sus datos a la prensa.

Lo hace en un auto de este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el abogado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero remitiera un escrito en el que le pedía adoptar una serie de medidas para evitar la filtración "indiscriminada" de sus datos personales, además de instar a la UDEF, que ejerce labores de policía judicial en las pesquisas, para que limitara su investigación a los hechos relacionados con el caso.

La resolución llega después de que el propio Calama acordara una investigación sobre la filtración de datos personales de Zapatero procedentes de un informe de la UDEF enmarcado en el 'caso Plus Ultra', tras la publicación en medios de comunicación de detalles de su agenda y de sus conversaciones de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

El escrito de la defensa del expresidente vino propiciado por los anexos de un informe de la UDEF que apuntaba que Zapatero cobró 200.000 euros entre 2024 y 2025 por mediar con el Gobierno de Bolivia para beneficiar a una empresa peruana que mantenía litigios económicos con el Ejecutivo de ese país.

Ahora, Calama acuerda comunicar a la UDEF "que los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados", según la resolución.

"Todo ello sin perjuicio de la remisión íntegra del volcado de los dispositivos que contengan dicha información, a fin de que sea este órgano judicial quien proceda a su tratamiento, con intervención del titular de los dispositivos, conforme a las garantías propias del acceso a soportes digitales intervenidos", añade.

COMPARTE LA "PREOCUPACIÓN" POR LAS FILTRACIONES

El magistrado también acuerda pedir un informe técnico a la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales "sobre la viabilidad de las medidas adicionales que, desde la perspectiva de seguridad digital, puedan incrementar la protección de los documentos insertados" en la nube, esto es, el repositorio digital donde se guarda la información del caso, para "evitar que su contenido pueda ser extendido a terceros sin autorización judicial".

En relación a la petición del abogado de Zapatero sobre devolver a la UDEF el mencionado informe para desglosarlo y extraerlo de los autos, Calama avanza que tomará una decisión al respecto en una "resolución separada de la presente".

En el auto, el magistrado instructor "comparte" la "preocupación manifestada" por la defensa del expresidente "en relación con la salida al exterior de datos incluidos en las presentes actuaciones".

De hecho, en la resolución en la que acordaba investigar la filtración de datos del exlíder socialista, el juez ordenaba la formación de una pieza de "información sensible" en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa, que será accesible sólo para el juzgado y la Fiscalía.

Además, Calama anunció que limitará el acceso a la nube de las acusaciones populares "únicamente a través de la representación procesal y abogado bajo los que han sido agrupadas", es decir, al PP.

El juez investiga a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos" relacionados con su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra.