El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez que investiga al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una presunta agresión sexual ha rechazado la solicitud que realizó su defensa de amonestar al abogado de la denunciante por realizar manifestaciones públicas, al entender que no forman parte de la instrucción.
Así lo ha decidido el juez David Maman en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que comunica su 'no' a la solicitud de González, pues "es una conducta ajena a la instrucción de la causa", aunque abre la puerta a que "la parte ejercite las acciones que estime oportunas".
En un escrito remitido al juez, el abogado del exDAO solicitó "que se aperciba a la parte querellante para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción".
Y lo hizo después de que, el día de la declaración de ambas partes, el letrado de la denunciante, Jorge Piedrafita, explicara a los periodistas que la mujer se ratificó en la querella presentada en una declaración "dura y difícil" en la que detalló los hechos, contestó a todas las preguntas y acreditó todos los extremos que se le han preguntado".
"Frente a eso, hemos tenido a un investigado que se ha acogido a su derecho primero a no declarar las preguntas de esta parte y luego se ha acogido a su derecho a mentir. Ha estado errático, no ha contestado a cosas y yo creo que se le han pillado en muchas mentiras", añadió.
Ese mismo día, González aseguró que había ido al juzgado a "demostrar" su "inocencia" ante el juez, afirmando que la querella le ha "destrozado la vida personal, familiar y profesional".
La denunciante, agente de la Policía Nacional subordinada de González, apuntó en su querella a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.