El juez retira el delito de rebelión a la coordinadora de los CDR y la deja en libertad por desorden público

MADRID, 12 Abr. (EUROP A PRESS) - El juez Llarena vuelve a denegar el permiso a Sánchez para que acuda a la sesión de investidura Un juez de Sabadell pide identificar a mandos de Mossos del centro de coordinación regional el 1-O El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a la presunta cabecilla de los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR), Tamara C.G, a quien le ha retirado los delitos de rebelión y terrorismo por los que se le investigaba al inicio de la operación y le imputa únicamente delito de desorden público, informan fuentes jurídicas. Se trata de un tipo penal sobre el que en principio no es competente la Audiencia Nacional, por lo que el caso podría terminar en un juzgado de instrucción de Cataluña. El juez desoye de esta manera la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pedía para ella prisión incondicional "por delitos cometidos con finalidad de rebelión", por la gravedad de las penas que se le imputa, por la posibilidad de destrucción de pruebas y ante el riesgo de reiteración delictiva, según ha informado en una nota. No obstante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 impone a Carrasco una batería de medidas medidas cautelares tales como la obligación de presentarse todos los lunes en el juzgado, prohibición de salida de municipio barcelonés en el que reside (Viladecans) salvo para acudir al trabajo si éste estuviera fuera de su localidad, la necesidad de autorización judicial para salir del término municipal, prohibición salida del territorio nacional y obligación de facilitar número de teléfono y una dirección para que pueda estar localizable. DE SEIS MESES A TRES AÑOS DE CÁRCEL De esta forma pasa de afrontar delitos de terrorismo y rebelión (este último acarrea penas de prisión de hasta 30 años en los casos más graves) a un delito por desorden público, recogido en el artículo 557 del Código Penal, y que prevé penas que van desde seis meses hasta seis años de cárcel para los casos más graves. El juez además ha dictado una orden de detención para la otra persona contra la que iba dirigida la bautizada como operación 'Cadera' el pasado martes y en el marco de la cual se detuvo a Carrasco en su domicilio de Viladecans. Tras el registro del mismo, agentes de la Guardia Civil se incautaron de documentación relativa a un acuartelamiento del Instituto Armado en Barcelona además de cartelería, una agenda, diversos móviles y una memoria externa. Aunque la Fiscalía no hace alusión al delito de terrorismo en la nota difundida, fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han precisado que sí se ha referido al mismo durante la declaración judicial. Según el Ministerio Fiscal, Carrasco habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos. "TRASLADA A LA CALLE EL PROCESO SOBERANISTA" Añade que esta actuación se enmarca en actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, como "una clara una amenaza directa" al orden constitucional establecido. A la joven, de 34 años de edad, se le relaciona según fuentes policiales, con un audio que circuló en Semana Santa por redes sociales llamando a la movilización y a las acciones de sabotaje. Los CDR han aumentado desde entonces sus acciones, sobre todo con la detención en Alemania del expresidente catalán huido de la Justicia, Carles Puigdemont, que se encuentra en la actualidad en libertad provisional. Carrasco, que ha llegado poco antes de las 9.30 horas a la Audiencia Nacional trasladada desde los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), ha comenzado a declarar desde las 13.20 horas y lo ha hecho por espacio de 45 minutos, según fuentes jurídicas que precisan que solo ha respondido a las cuestiones formuladas por su abogado. Al término de su declaración, la joven ha abandonado las dependencias judiciales sin hacer declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban a su salida y entre gritos de 'Libertad presos políticos' por parte de un grupo de personas que se han trasladado a la Audiencia Nacional para apoyarle en su declaración judicial.

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