MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', levantó hoy la totalidad del secreto sumarial que pesaba sobre las diligencias en las que investiga presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de concesión de licencias correspondientes a la Concejalía de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
A principios de enero, el magistrado levantó el secreto de diez tomos de la causa, correspondientes a las diligencias practicadas hasta el 17 de noviembre. La parte que se hizo pública entonces se refería a la mayoría de las escuchas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y a los registros realizados unos días antes sobre el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y las Juntas de Distrito de San Blas, Centro y Chamberí.
El levantamiento total del secreto de la causa (de los once tomos restantes) permitirá a las partes personadas, que se elevan a 37 entre abogados defensores y acusaciones, conocer las actuaciones practicadas hasta ahora y las que se desarrollen próximamente, atendiendo a las demandas de los letrados defensores que se quejaban de no poder defender a sus representando con todas las garantías procesales.
Aunque el caso se hace público, el magistrado continuará con la investigación, puesto que el segundo bloque se centrará en la multitud de empresarios que accedieron a los pagos exigidos sin denunciar los hechos ante los tribunales. Hasta ahora, los empresarios imputados se limitan a los que actuaron como intermediarios entre el Ayuntamiento y las empresas, como Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa AB Sanz, y Santiago Castillo Morales, apoderado de la sociedad AC93 --dedicada a la gestión de licencias-- .
DECLARACIÓN ARMADA
Gracias al levantamiento del secreto, los letrados defensores y las acusaciones podrán tener acceso a la declaración del viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, que mañana comparecerá ante el instructor para dar cuenta de su actuación al frente de la Gerencia de Urbanismo entre 1997 y 2003, con José María Álvarez del Manzano como alcalde.
Armada deberá responder sobre una licencia otorgada para levantar el hotel Pío XII, en el distrito de Chamartín, y sobre un permiso que firmó para la reforma de un sótano de un palacete familiar de la calle de La Bola. Se trata de un edificio protegido de principios del siglo XX, donde el propio Armada estaba empadronado.
Además de Armada, el titular del Juzgado de Instrucción 32 interrogará de nuevo a Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencia de la Gerencia de Urbanismo. Acero ya declaró en la primera fase como imputado, saliendo libre del Juzgado. También comparecerán Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente.
