Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia de España, Sofía Puente- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Una jueza de Madrid ha admitido a trámite la querella que interpuso la asociación Hazte Oír contra la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, por presunta prevaricación administrativa con la denominada 'ley de nietos'.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza señala que procede la admisión a trámite de la querella contra la alto cargo del Ministerio de Justicia, desoyendo el criterio de la Fiscalía, favorable a archivar.
La querella se centra en la instrucción de 25 de octubre de 2022 sobre la Ley de Memoria Democrática, que incluyó una disposición que terminó conociéndose como 'ley de nietos', la vía para conceder la nacionalidad española y, con ella, el derecho a voto a descendientes de exiliados.
Esa instrucción, indican fuentes de la asociación, fue "firmada por Puente", hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, "cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública".
Según Hazte Oír, "la instrucción permitió acceder a la nacionalidad sin acreditar el exilio en supuestos en los que la ley exigía ese requisito" y considera que "se alteraron las condiciones aprobadas por las Cortes".
Hazte Oír solicita que se investigue cómo se elaboró la instrucción y que se recaben los informes, comunicaciones internas y circulares remitidas a los consulados. También pide esclarecer el alcance de las concesiones de nacionalidad y su repercusión en el censo electoral exterior, indica.
LA FISCALÍA SEÑALÓ QUE YA SE HABÍA ARCHIVADO OTRA QUERELLA
Al respecto, el pasado 9 de octubre la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó al juzgado que se inadmitiera la querella de Hazte Oír contra Puente "por concurrir la excepción de cosa juzgada", ya que explicó que se presentó en 2022 otra querella contra ella que finalmente fue archivada.
El Ministerio Público informó que considera que existe "identidad subjetiva y objetiva" y de ahí que subrayase que la firmeza de aquel archivo "despliega efectos de cosa juzgada e impide la prosecución del presente procedimiento, siendo que la apreciación de esta excepción de carácter procesal implica que no se entre a valorar el fondo del asunto".
Y recordó que fue la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica quien presentó aquella querella y que, examinando el contenido de ambas, "se considera que los hechos objeto de la querella actual son coincidentes".
Justamente, esta asociación se adhirió a la actual querella de Hazte Oír, si bien la titular de la Plaza 35 de los juzgados de Plaza de Castilla, Inmaculada Lova, ahora rechaza su personación "al no haberla solicitado en legal forma".
JUSTICIA LAMENTA EL USO DE LAS INSTITUCIONES PARA "PERSEGUIR"
La Fiscalía señaló que las querellas se dirigieron contra la misma persona y que, al haber concluido por resolución de sobreseimiento libre firme el primer procedimiento, "la institución de la cosa juzgada impediría la prosecución del presente procedimiento".
En líneas similares han reaccionado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que han lamentado la "utilización" de las instituciones que hacen "las asociaciones de ultraderecha".
A su juicio, ese uso está destinado a "perseguir política, social y judicial" a cargos públicos y resulta "evidente" que su objetivo con estas actuaciones "torticeras" es "minar la confianza", recortar "masivamente derechos constitucionales e intimidar a las personas comprometidas con valores progresistas y democráticos".
Por ello, desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños defienden que se trata de una querella idéntica a otra que "ya fue rechazada en junio de 2024 con un sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones".
HAZTE OÍR DICE QUE LA INSTRUCCIÓN "DESBORDÓ" EL ALCANCE DE LA LEY
En la querella, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, Hazte Oír denunció que Puente dictó una "instrucción" que "desbordó" el alcance de la 'ley de nietos' después de que la querellada se comprometiera "a la aplicación estricta de la ley".
En concreto, la instrucción dice que se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y que, en estos supuestos, deberá acreditarse, la salida del territorio español mediante documentos. Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado, añade.
Fue en este marco en el que la asociación denunció que la instrucción se realizó "a espaldas" de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, "de quien dependía jerárquicamente".
Este hecho habría motivado, de acuerdo con la querella, la promoción de Puente a la Secretaría General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia cuando Bolaños asumió dicha cartera.
BISNIETOS Y TATARANIETOS
Así las cosas, Hazte Oír denunció que "la exclusión de la ministra del ramo y la vinculación personal de la querellada con el ministro que había redactado la ley señalan el cauce por el que pudo transmitirse la indicación del cambio de criterio" e indicó que "el posterior ascenso de la querellada, acordado precisamente por Bolaños al asumir la cartera de Justicia, es un dato objetivo cuya eventual correspondencia con los hechos deberá esclarecer la instrucción".
Por otro lado, señaló que se están admitiendo las solicitudes de bisnietos y tataranietos, cuando la norma "circunscribe el derecho de opción a 'los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela'".
"La extensión de la vía a generaciones posteriores --bisnietos y tataranietos-- carece de todo sustento legal y sólo se explica por el encadenamiento de opciones sucesivas que la instrucción hace posible al haber suprimido el presupuesto del exilio", subrayó.
En este sentido, Hazte Oír señaló que el senador del PSOE César Mogo "afirmó que la norma ampara a quienes emigraron a América por cualquier motivo desde el siglo XIX, con independencia de las causas que provocaron el éxodo", lo que, a su juicio, "confirma que la extensión operada por la instrucción no fue un exceso interpretativo advertido tardíamente, sino un designio conocido y proclamado".
