La Fiscalía pide que sea condenada a cuatro meses de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha señalado para el próximo 28 de septiembre la celebración del juicio a la diputada del Parlamento de Cataluña Eulalia Reguant por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del 'procés', donde compareció como testigo en enero de 2019, según ha informado el alto tribunal.
La vista oral se había fijado para los pasados 1 y 2 de marzo, pero el primer día se suspendió después de que el tribunal estimase una cuestión previa de la defensa al entender que se había podido producir un error en la tramitación de la causa.
La defensa sostuvo ese día que se había dado una vulneración de los derechos procesales toda vez que un juzgado madrileño abrió juicio oral sin ser competente para ello, ya que por la condición de aforada de Reguant el caso correspondía al Supremo.
Además, la Sala Segunda ha declarado pertinentes las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa de Reguant, que incluyen en ambos casos el interrogatorio de la acusada, la cual podrá declarar en catalán, como había reclamado.
En su escrito de acusación, presentado el pasado 4 de abril, la Fiscalía interesaba para la parlamentaria catalana una pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como una condena en costas.
Los hechos se remontan al juicio a los líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando la representante de la CUP declinó responder a Vox, que ejercía la acusación popular, algo de obligado cumplimiento para un testigo.
"DEBER MORAL"
En su escrito de defensa, Reguant esgrimió que guardó silencio porque consideró que contestar a Vox le supondría "un innegable perjuicio moral", aduciendo que actuó "guiada por una suerte de objeción de conciencia, un sentimiento de deber moral de rehuir del papel discriminatorio y abusivo seguido por la acusación popular".
En cualquier caso, la acusada calificó la petición de pena de la Fiscalía de "desproporcionada", recalcando que, de ser condenada, "podría tener consecuencias de carácter electoral". "Al menos desde que esta Sala Segunda del Tribunal Supremo así lo interpretó en el caso del ex-diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez", recordó.
Su letrado también apuntó que la conducta de Reguant ya fue sancionada mediante un acuerdo de corrección disciplinaria, iniciado y terminado por la Sala de lo Penal del Supremo en 2019, y que dicho acuerdo se saldó con la imposición de una multa de 2.500 euros, alertando en este sentido de que con este juicio se estaría vulnerando el principio 'non bis in idem'.
