Llama a todos los actores a "arrimar el hombro" y afirma que la descentralización autonómica ha planteado "problemas operativos"
MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
Los intentos de modernizar la Justicia emprendidos en lo últimos ocho años han tropezado con "dificultades corporativas, estamentales, políticas, de conflictos entre comunidades autónomas y de estas con el Gobierno", así como con la "confrontación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno socialista", según denunció el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar.
En una entrevista concedida a Europa Press, el ex ministro denunció que el CGPJ "no ha colaborado en nada con la estrategia de modernización impulsada por el Gobierno" y consideró "un hecho escandaloso que el CGPJ haya desatendido funciones que la Constitución le encomienda, como hacer nombramientos diligentemente e inspeccionar los juzgados" y haya "interferido en la política al servicio de estrategias partidarias del PP".
Además, apuntó también a la responsabilidad de los partidos políticos, y recordó que él puso en macha en 2005 una Oficina Judicial para la que, tres años después, no han entrado en vigor las reformas legislativas. "El PP se negaba por completo y los partidos nacionalistas exigían la implantación de las lenguas cooficiales y la desconfiguración de los cuerpos nacionales de funcionarios", recordó.
El ex ministro recalcó que en el buen funcionamiento de la Justicia intervienen no sólo el Ministerio y el CGPJ, sino también el Consejo Fiscal, los cuerpos de funcionarios, los sindicatos y las profesiones del Derecho, y para que la Justicia funcione "todo el mundo tiene que arrimar el hombro y ser capaz de aparcar demandas".
PENDIENTE LA TECNOLOGIA
"Este principio es un mandato a las comunidades autónomas de arrimar el hombro, al CGPJ de asumir su parte del trato y ponerse a trabajar, a los funcionarios de justicia de ser capaces de cumplir con los horarios y realmente rendir y cooperar unos con otros y es un mandato de incorporación masiva de nuevas tecnologías que es el gran desafío", agregó.
Así, señaló que la actual polémica por el retraso y la descoordinación del trabajo judicial parte de un caso de no ejecución de una sentencia penal --la niña Mari Luz presuntamente asesinada por un pederasta que debía estar en prisión--, un asunto en el que el Gobierno no puede intervenir.
"La inejecución de una sentencia es algo en lo que el ministro de Justicia no puede interferir en lo más mínimo porque la Constitución se lo prohíbe", destacó, señalando que es competencia del CGPJ la inspección de los juzgados.
"Estas experiencias que son demoledoras tienen que espolearnos y los poderes públicos tienen que responder sea cual sea la responsabilidad de cada uno", añadió sin embargo. "La única estrategia es liderazgo político para producir consensos amplios y que todos los que pueden ser parte de la solución arrimen algunas de sus demandas legítimas y primen a los ciudadanos, que esperan una respuesta", destacó.
El Ministerio, prosiguió, puede dictar leyes, puede presupuestar, pero no puede obligar a los jueces a cumplir sus horarios, ni cubrir vacantes en los juzgados.
NO ESCANDALIZARSE POR LAS SENTENCIAS PENDIENTES
Además, el dirigente socialista reclamó que no se haga "demagogia" con asuntos como la cifra de sentencias pendientes de ejecutar, que el CGPJ cifró en cerca de 270.000. En este sentido, señaló que cada año se dictan en España 7 millones de resoluciones y "es un hecho que hay un porcentaje de sentencias definitivas que están pendientes de ejecución", pero lo que debe preocupar es "por cuánto tiempo y si están bajo control o no".
Por eso, dijo, "la tecnología es un imperativo inaplazable", así como resolver problemas como que el sistema informático de las distintas comunidades autónomas sea incompatible.
En este punto, López Aguilar admitió que la descentralización de competencias en las comunidades autónomas plantea "problemas operativos" que "se hacen más agudos" en políticas como la de Justicia. Por eso mismo, subrayó, el Gobierno se opuso a desconfigurar los cuerpos nacionales de la administración de Justicia en favor de cuerpos autonómicos. "La posibilidad de establecer instrumentos homogéneos de aplicación del ordenamiento jurídico con garantías de igualdad para todos los españoles sería todavía más difícil", explicó.
El PSOE lleva en su programa electoral la creación de Consejos Autonómicos de Justicia que, a su juicio, "pueden ayudar a algunas cosas". "La complejidad siempre plantea desafíos pero también resulta funcional a otros efectos", opinó.
