BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, consideró hoy que las declaraciones de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, que pidió una ovación para los dos acusados de volar la T-4, pueden constituir "un indicio" para la ilegalización de ANV. Además, dijo echar en falta "una palabra de reconocimiento" del Gobierno vasco tras la detención de los presuntos terroristas y criticó su declaración "ambigua".
En declaraciones a Punto Radio Bilbao, recogidas por Europa Press, Luesma recordó que la ilegalización de ANV es una iniciativa de la Fiscalía General del Estado y que corresponde resolver al Poder Judicial. "En un Estado de Derecho el que alega tiene que probar y las FSE llevan tiempo buscando evidencias, pruebas definitivas que acrediten la relación ANV con el mundo de Batasuna, de los violentos", aseguró.
A su juicio, están "en juego" derechos fundamentales como es el del "derecho al sufragio pasivo", por lo que aseguró que el Gobierno, la Abogacía del Estado y la Fiscalía "no pueden permitirse el lujo de no ganar ante los tribunales".
"Eso exige tener las suficientes pruebas indubitadas, contundentes, que demuestren que se ha producido el mecanismo ambulatorio de la Ley de Partidos, es decir, que son los herederos y están en connivencia con la antigua Batasuna", afirmó.
Para Luesma, las declaraciones de la alcaldesa de Hernani Marian Beitialarrangoitia (ANV), que pidió, en un acto público, una ovación para los dos supuestos miembros de ETA detenidos en Mondragón, pueden constituir "un indicio" para la ilegalización de la formación abertzale.
"Yo lo considero así, que esas declaraciones pueden ser constitutivas de un delito de apología del terrorismo. Y un Estado de Derecho no puede permanecer impasible cuando se conculca, presuntamente y de una forma tan flagrante, el ordenamiento jurídico penal", afirmó. En su opinión, "cualquier sociedad democrática tiene que responder ante esa agresión verbal" ante la que "se deba actuar".
Respecto a la posibilidad de que Batasuna pretenda concurrir con otras siglas, advirtió de que el Estado de Derecho "estará vigilante para evitar que se produzca un fraude de ley, que significa impedir que los conniventes, los que apoyan y forman parte del mundo de los terroristas, puedan presentarse a las elecciones".
Por otra parte, descartó que, como se ha acusado desde el PNV, exista un "tufillo electoral" sobre la posible ilegalización de ANV. "Discrepo radicalmente y creo que las actuaciones en esta materia deben de regirse únicamente por el principio de legalidad. En otro momento no se pudo acreditar que todas las candidaturas estaban contaminadas, y nosotros vamos a actuar en estricto cumplimiento del principio de legalidad", enfatizó.
ETA
Luesma, advirtió a los terroristas de que el Gobierno "no baja la guardia" y será "implacable" con ETA. En este sentido, advirtió de que la combatirá, "con todos los instrumentos del Estado de Derecho, con la acción policial, judicial, y con la magnífica colaboración internacional". "Firmeza democrática contra ETA, contra quienes constituyen su mundo y la amparan y les ayudan", señaló.
Admitió que la posibilidad de que la organización terrorista actúe durante la campaña electoral es una hipótesis que no se descarta, por lo que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) están "permanentemente en alerta tratando, precisamente, que se produzcan daños a los bienes o a las personas".
"En ese sentido, la ciudadanía tiene que confiar en la profesionalidad y la entrega de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque el Estado de Derecho, con esta gente, va a ser implacable", dijo.
IGOR PORTU
Luesma consideró "profundamente inconvenientes" las declaraciones del Gobierno vasco tras la detención de los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola. En este sentido, mostró su "decepción" ante la declaración "ambigua" del Ejecutivo que, a su entender, "siembra dudas", "no favorece en nada" el funcionamiento de las instituciones democráticas y "mezcla muchas cosas, diciendo cosas que nos son ciertas, como que la Ley de Partidos ilegaliza ideas".
A su entender, la postura del Ejecutivo vasco y las declaraciones de su portavoz, Miren Azkarate, y del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, "se adelantan a lo que debe ser la lógica cautela y prudencia, que es esperar al funcionamiento normal de los instrumentos del Estado de derecho".
"Se produjo una hospitalización, hay de inmediato una investigación por parte del Poder Judicial. Me parece muy inoportuno sembrar la duda cuando debemos dejar a la Justicia es el tiempo de justicia que actúe. El ordenamiento jurídico español tiene los suficientes instrumentos para, si en un supuesto se produjera una conculcación del mismo, a través de los tribunales depurar o corregir o sancionar esa actuación", indicó.
En cualquier caso, insistió en que "al Gobierno es al primero que le interesa en este tema la transparencia" y en que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya afirmó que "se iba a apoyar absolutamente la investigación que hicieran los jueces".
En este contexto, el delegado del Gobierno dijo "echar en falta una palabra de reconocimiento, de felicitación" por parte del Gobierno vasco a una actuación "brillante" de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta operación, según destacó, ha conllevado la detención de los presuntos autores del atentado de Barajas, "ha reducido al silencio a dos pistolas", ha permitido incautar 150 kilos de explosivos, que supondrían "eliminar 30 bombas como las que causaron destrozos en Getxo, Sestao, Balmaseda...", y ha evitado "algún posible atentado de futuro" como el de Azca en Madrid.
En este contexto, consideró que los ciudadanos que "se sintieron amenazados en la última entrevista comunicado de ETA estarán más tranquilos" tras esta operación.
