GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que la orden judicial de detención de la hija del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, fue "proporcionada" a las circunstancias personales de la imputada y a las peculiaridades del caso 'Malaya' y, por lo tanto, "necesaria" para la investigación, por lo que solicita el archivo de la querella presentada contra el juez Miguel Ángel Torres.
Según el dictamen del fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, al que tuvo acceso hoy Europa Press, la orden de detención del juez Miguel Ángel Torres está "perfectamente amparada" en el ordenamiento jurídico procesal, además de comportar una valoración de indicios que "persiste en la actualidad" y que ha "no ha sido objeto de cuestionamiento en la querella criminal interpuesta".
De este modo se pronuncia el Ministerio Público ante la querella presentada por los abogados de la hija de Roca por la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del instructor, al entender que la orden de detención del juez fue "innecesaria, arbitraria, injusta y desproporcionada".
La detención tuvo lugar en Madrid, la mañana del pasado 14 de marzo por funcionarios de la Policía Nacional, que trasladaron a la ahora imputada en un delito de blanqueo de capitales, a la Comisaría de Málaga, donde permaneció hasta el día siguiente, fecha en la que fue trasladada al Juzgado de Instrucción marbellí en el que prestó declaración sobre las 15.00 horas en presencia de su abogado y del Ministerio Fiscal.
Aunque la querella se interpone formalmente por la existencia de un posible delito de prevaricación judicial, lo cierto es que su línea argumental, sostiene el fiscal, lo que "realmente cuestiona" es la "limitación de la libertad" de la querellante durante un plazo total de 32 horas, entendiendo que existe una "actitud maliciosa" por parte del instructor.
Sin embargo, según el fiscal, la resolución supuestamente prevaricadora --el auto que acordó la detención-- "no participa en modo alguno de una naturaleza arbitraria o injustificada por cuanto concurren en ella una serie de circunstancias objetivas y acreditadas".
Se refiere García Calderón a que se trata de una resolución judicial en el curso de unas diligencias previas que se siguen por "delitos graves" y en las que aparecen indicios de la participación de la persona detenida. Tanto es así, que una resolución posterior reitera la persistencia de estos. La mayor o menor duración del interrogatorio tampoco comporta "indicio alguno" de arbitrariedad.
No existen elementos que permitan inferir una "finalidad ilegítima o arbitraria" del instructor, máxime cuando persisten "motivos bastantes" para estimarla criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales.
La querellante, recuerda el fiscal, siempre ha tenido a su disposición "todos los recursos y garantías procesales" que resultan ahora cuestionadas. Son las necesidades de la investigación las que justifican en un sentido amplio la adopción de la detención para llevar a cabo, si se estima oportuno, de forma inmediata una investigación preliminar y urgente que requiere de la presencia del imputado.
En el curso de la investigación, de "extraordinaria complejidad", se han producido, recuerda el fiscal, otras detenciones de "naturaleza similar" y ante la aparición de indicios de responsabilidad criminal.
Así, añade que la decisión judicial de detener en el curso de un procedimiento penal puede ser acordada "al margen de las situaciones de flagrancia, del posible riesgo de fuga o de la posible destrucción de pruebas incriminatorias".
Tras conocer la decisión del Ministerio Público, el ponente de la Sala Civil y Penal del TSJA tomará la decisión de archivar la querella, como solicita el fiscal, o abrir diligencias previas.