El inspector del CGPJ contesta a estas consideraciones en el informe que estudiará el lunes la Comisión Disciplinaria
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, y el magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de esta provincia Javier González justificaron los retrasos en la tramitación de la causa seguida contra el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, por los abusos a su hija, en la sobrecarga de trabajo, falta de plantilla, bajas y escasa preparación de algunos de sus funcionarios en sendos escritos remitidos al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tirado remitió el pasado martes su escrito de explicación a lo ocurrido a la Inspección del Consejo, que ha propuesto abrirle un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención. En él, además de hacer constar los trámites de la ejecución de la sentencia contra Del Valle, el juez incluye consideraciones sobre la situación de baja de la funcionaria a cargo del caso, la escasez de plantilla y la sobrecarga de trabajo.
Así, explica que una vez le fue comunicada la firmeza de la sentencia, fue la secretaria judicial de este órgano la que impulsó procesalmente la causa. Además, la funcionaria encargada de las primeras diligencias de averiguación de domicilio de Del Valle estuvo de baja durante 42 días, desde el 30 de marzo de 2006 al 11 de mayo de ese año, si bien cesó en el Juzgado el 5 de julio posterior por cambio de destino.
245 EXPEDIENTES SOBRE LA MESA.
La tramitación de la ejecutoria se paralizó hasta que llegó una nueva funcionaria el siguiente 22 de agosto, si bien Tirado puntualiza que ésta procedía de un Juzgado de Menores y no tenía experiencia en un Juzgado de lo Penal, pese a lo cual "se encontró con aproximadamente 245 ejecutorias sobre su mesa para tramitar, más la que tuvo que ir incoando y reaperturando".
Añade el juez que, pese a las peticiones realizadas a la Junta de Andalucía para cubrir las plazas que se quedan vacantes, ha tenido que ir supliendo éstas con el personal existente y "el aumento de atribuciones a unos y otros funcionarios no ha tenido el efecto deseado hasta el momento, dado el incremento sustancial de número de asuntos de entrada, y al existir un número elevado de sentencias, también en ejecución".
Sobre la sobrecarga de trabajo, el juez Tirado informa al CGPJ que el volumen de ejecutorias es excesivo (600), aunque próximo a la media de los Juzgados de lo Penal de Sevilla (543).
Añade que junto a las celebraciones de juicio de cada lunes, miércoles y jueves, (más algunos martes y viernes), se tienen que sacar también adelante las causas con preso preventivo, señalamientos (se han incoado más de 517 causas en 2007), tramitación de recursos de apelación y otras actuaciones.
"El número de sentencias (491 dictadas en 2007), está por encima del módulo de entrada (450 asuntos). El módulo de rendimiento personal siempre ha estado por encima del 100 por ciento de exigencia", concluye Tirado.
REDUJO EL EQUIPO DE EJECUTORIAS.
Respecto a estas consideraciones, el Servicio de Inspección del CGPJ hace constar "que se han producido varias vicisitudes en la plantilla del órgano que han dificultado su normal desarrollo y evolución" y que, de los 8 funcionarios del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, cinco eran interinos en el momento de la tramitación del caso contra Del Calle.
No obstante, el inspector llama la atención de que la Sección de Ejecutorias está formada por sólo 3 funcionarios "a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los Juzgados de lo Penal, que suele estar formada por 4".
Agrega que el problema añadido fue que, al estimar el magistrado que el rendimiento de los funcionarios "era deficiente por su inexperiencia", optó por reducir el número de personal en la sección de ejecución de sentencias.
AUDIENCIA DE SEVILLA.
Por lo que respecta a Javier González, en el breve informe que remitió el pasado miércoles al inspector, el magistrado señaló que la dilación en el dictado de la sentencia contra Del Valle fue consecuencia de su propio retraso "en someter a deliberación con los demás miembros del tribunal colegiado los dos recursos interpuestos; ello a causa, en parte, del volumen de asuntos en tramitación en el tribunal".
Esta afirmación es rebatida por el propio inspector en su informe, en el que dice que, a pesar de lo indicado por González, "lo cierto es que (...) no consta ninguna resolución por la que se modificase el día del señalamiento de la deliberación que se hizo en la providencia de fecha 22 de abril de 2003, para el 19 de mayo de 2003 y, desde entonces, debe comenzarse a contar el plazo para dictar sentencia". Esta resolución tardó dos años y siete meses en producirse, el 30 de diciembre de 2005.
González añadió que el número ingresos de asuntos en su tribunal superaron en un 22 por ciento los módulos fijados por la Administración en el primer semestre de 2004, mientras que las declaraciones de rendimientos correspondientes a 2006 superaron incluso el 100 por cien del módulo base.
No obstante estos datos, el inspector incluye en su informe un cuadro sobre la situación de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que señala que en el año 2003 el tiempo de respuesta de este tribunal era de 1,46 meses, que posteriormente se redujo y luego se fue incrementando hasta los 3,79 meses en 2007. Además, la pendencia en 2003 era del cuatro por ciento, y a finales del pasado año subió a un 15 por ciento.
Por lo que se refiere al volumen de ingreso, en 2003 la entrada de asuntos en la Sección Séptima de la Audiencia sevillana superó en un 7,63 por ciento el módulo, según datos oficiales del CGPJ, si bien este porcentaje fue aumentando en años posteriores, hasta el 16,52 por ciento el pasado año.
Según los mismos datos, González dictó 221 sentencias en 2003, 225 durante 2004, 197 durante el 2005, 194 en 2006 y 213 en 2005. Por todo ello, la inspección afirma que este tribunal "se mantiene en buena situación en relación con dicho procedimiento", por lo que los retrasos en el caso contra Del Valle suponen una desatención no achacable a la sobrecarga de trabajo en este órgano judicial.
