El juez Rafael Tirado prefiere "no decir nada" hasta que el CGPJ estudie el caso para evitar malinterpretaciones
SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sistema informático judicial que la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía tiene implantado en todos los órganos judiciales de Andalucía permite "un control permanente" del estado de las ejecutorias de un juzgado a través del programa Adriano.
Fuentes de Justicia y Administración Pública indicaron a Europa Press --a raíz de la polémica suscitada por la libertad del presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, que estaba condenado por abusos sexuales a menores, aunque no cumplió dicha pena por errores del sistema judicial--, que el seguimiento de las fases y estados de todos los asuntos registrados y convenientemente actualizados por la oficina judicial se puede realizar a través de un módulo de consultas de listados y libros electrónicos.
A través de este sistema, tanto los jueces como los secretarios judiciales y funcionarios pueden acceder a todos los asuntos que se tramitan en su juzgado, independientemente de quién haya realizado la tramitación. La única restricción de consulta es el secreto de sumario.
De esta manera, el sistema informático Adriano permite también que cuando un asunto entra en un juzgado de guardia, mediante la consulta de antecedentes, sea posible averiguar si para ese interviniente existen ya otros asuntos pendientes abiertos en otro juzgado.
Además, los ordenadores instalados en los órganos judiciales de Andalucía tienen conexión a la intranet del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acceder a la 'Consulta de Registro de Penados y Rebeldes', una aplicación informática que permite consultar si una persona ha sido condenada en otro juzgado, es decir, cuando ha habido una sentencia firme. Asimismo, muestra información sobre las condenas previas de una persona.
La dirección en la gestión de los asuntos en un órgano judicial corresponde al juez y al secretario judicial, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadieron las mismas fuentes, que recordaron que el artículo 454.2 de dicha ley dice que los secretarios judiciales "ejercerán competencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales".
Por su parte, el artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que corresponde al juez el deber de hacer ejecutar la sentencia y adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto.
EL JUEZ TIRADO PREFIERE GUARDAR SILENCIO.
Por su parte, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que condenó en 2002 a dos años y nueve meses de prisión a Santiago del Valle por abusar de su hija, aseguró hoy que no va a decir "nada" de su situación para evitar malinterpretaciones.
Así lo aseguró hoy Rafael Tirado a los periodistas a la salida de un juicio, si bien indicó que "todo se va a aclarar" cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigue y analice la situación.
Este magistrado aseguró el pasado viernes que la funcionaria que tramitaba el caso de Del Valle se dio de baja el 30 de marzo de 2006 --mes y medio después de que el magistrado dictara un auto en el que se denegaba suspensión de condena a Del Valle por abusos sexuales a su hija-- y la nueva funcionaria no entró hasta el mes de agosto, cinco meses después, a pesar de que "se había solicitado a la Junta suplir esa baja". "Sólo nos mandaron a una persona para cubrir el puesto durante tres días", afirmó.
Asimismo, Tirado sostuvo que él creía "sinceramente" que el procesado cumplía la pena porque la sentencia era firme. "Desde el 13 de enero de 2006, día en el que dicté un auto de no suspensión de condena y de cumplimiento de pena, hasta el día de ayer, nadie me dio cuenta del procedimiento", indicó el juez, quien consideró "injustas" algunas de las cosas que se están diciendo "porque no son ciertas".
Por su parte, la Delegación de Justicia y Administración Pública Junta de Andalucía indicó ayer que ningún funcionario del Juzgado número 1 de lo Penal ha estado cinco meses de baja. La Junta explicó que la única baja que se registró en este departamento fue la de una "funcionaria del cuerpo de tramitación estuvo, a partir del 29 de marzo de 2006, 43 días de baja por un esguince de tobillo, y la Delegación provincial la sustituyó 40 días después, el 8 de mayo, tras la primera reunión de la comisión paritaria con los sindicatos de interinos del 19 de abril".
