MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los integrantes de la Comisión de Expertos creada por el juez Baltasar Garzón se reunieron hoy en la Audiencia Nacional con objeto de sentar las bases para iniciar la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, informaron a Europa Press fuentes de las asociaciones personadas en la causa.
El encuentro contó, además, con la presencia del equipo de Policía Judicial integrado por 10 funcionarios formado por el juez para averiguar el paradero de las víctimas y los responsables de su desaparición. Los agentes informaron a los presentes sobre su procedimiento de trabajo, añadieron las citadas fuentes.
No obstante, dos de los expertos designados --el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova-- no pudieron asistir a la reunión por distintas ocupaciones.
El resto de miembros del grupo de siete expertos, el ex presidente de la Audiencia de Barcelona Antonio Doñate; el autor del censo de desaparecidos Francisco Espinosa; la historiadora María Isabel Brenes; el antropólogo forense Francisco Etxeberria y la doctora en Historia contemporánea, Queralt Solé i Barjau, intercambiaron durante varias horas impresiones sobre la mejor forma de abordar la investigación.
Los expertos se enfrentan a la acumulación de abundante información obrante en la causa y remitida por las diferentes asociaciones en defensa de la Memoria Histórica personadas, un total de 22, que es necesario contrastar, informaron las citadas fuentes.
Los datos reflejados en estos documentos tendrán que ser examinados para comprobar "la realidad, momento y circunstancias del fallecimiento" de la víctima. El grupo deberá además definir un protocolo de actuación para las exhumaciones de cadáveres.
OFICINA CENTRAL
Los miembros de la Comisión han planteado la posibilidad de crear una oficina central abierta a los familiares de las víctimas y destinada a recabar las distintas informaciones sobre desapariciones o ubicación de fosas comunes. Las asociaciones personadas remitirían a esta sede los nuevos datos que obtengan.
Además, los numerosos documentos existentes por el momento comenzarán a ser digitalizados para permitir, a través de una aplicación informática, contrastar posibles duplicaciones en los datos de los desaparecidos y obtener un listado lo más depurado posible.
La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, se encargará de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".
Los expertos tendrán que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.