MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recordó hoy al poder judicial que tiene "la obligación" de investigar las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de menores de edad durante los años del franquismo, "cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".
En el auto en el que el magistrado decide remitir la investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y los años posteriores a los Juzgados territoriales, hecho público hoy, Garzón indica que esta "sustracción sistemática de niños" de padres que eran considerados "no aptos para asumir su cuidado y protección" por su ideología, constituye un crímen contra la humanidad que no está prescrito ni amnistiado ya que las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas.
"Estos son los hechos y desde las instituciones, el Ministerio Fiscal y los jueces competentes se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas", dice el juez que indica que es necesario ofrecer la posibilidad a aquellos que están vivos y que hoy en día superan los 60 años, puedan obtener la recuperación de su identidad.
El magistrado añade que olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación "sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y esto, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional".
Por todo ello Garzón destaca que "la jurisdicción penal debe pronunciarse y tiene la obligación legal de establecer la verdad jurídica" a la que las víctimas directas y la sociedad "tiene derecho".
El juez incluye en el auto cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado, que según datos que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó al mismo Francisco Franco, superó entre 1944 y 1955 los 30.000.
El juez especifica cuales fueron las principales formas de sustracción de menores. Recuerda a los "niños perdidos", hijos de reclusos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", dice.
Menciona también las modificaciones en la identidad producidas en el proceso de inscripción de niños repatriados y abandonados, aquellos que "los rojos obligaron a salir de España" y que fueron después devueltos.
Estos menores eran asignados a familias "de reconocida moralidad y adornados de garantías" que aseguraran la educación de los huérfanos en ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional".
"Se dieron casos de alteración de datos al nacimiento para impedir que los padres (...) recuperaran a sus hijos y perjudicaran las adopciones consumadas", recuerda. El juez menciona también a los hijos de mujeres presas violadas en las cárceles y ejecutadas después de dar a luz y refleja la existencia de un plan emanado del régimen franquista y dirigido a la "captura" de menores repatriados en países como Rusia.
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