Alicia de Miguel asegura que "dispondrán de flexibilidad horaria" para acudir a trabajar al campo
VALENCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los inmigrantes que pernoctan en el antiguo cauce del río Turia de Valencia serán informados diariamente de la oferta de plazas disponibles en los centros de acogida de la ciudad por las ONG, y no por la Generalitat o por el Ayuntamiento de Valencia. Además, dispondrán de flexibilidad horaria "para que puedan acudir a trabajar", según informaron hoy en rueda de prensa la consellera de Bienestar social, Alicia de Miguel, y su homóloga en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado.
En concreto, será Cáritas la ONG que actuará de intermediario para gestionar las plazas libres de los centros, en lugar del Ayuntamiento y la Generalitat --como se hacía anteriormente-- ya que los inmigrantes "confían en los voluntarios y en las asociaciones, y al ser ilegales, confían menos en las Administraciones", explicó De Miguel.
Asimismo, la consellera indicó que en la reunión que mantuvo ayer con Torrado, las ONG y el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, éste se comprometió a que la Policía Local y el servicio de recogida de basuras tengan "un especial cuidado y presencia en esta zona", para así, "garantizar la seguridad de los vecinos y de las personas que conviven cerca, así como para garantizar las condiciones de limpieza".
En la reunión, según apuntó la consellera, también se abordó la posibilidad de que, a través de Infovivienda, los inmigrantes que estén legalizados y que tengan un trabajo puedan acceder a una vivienda de manera "rápida y con facilidades".
Por su parte, Marta torrado manifestó que los inmigrantes que viven bajo el puente del antiguo cauce del río Turia "tienen un problema social más que laboral", puesto que, dijo, "muchos de ellos se desplazan sobre las 5.00 de la mañana a las afueras de la ciudad de Valencia para trabajar en labores agrícolas, fundamentalmente en la recogida de naranja".
Aseguró que a estas personas se les ofreció plaza en el albergue del Casal d'Esplai en Rocafort y en el del Saler, "pero rechazaron esta oferta porque se tenían que levantar temprano para acudir a los puntos de la ciudad donde los trasladaban a poblaciones de alrededor de Valencia para realizar estas labores", apuntó. A raíz de esta situación, explicó, el consistorio ofreció plazas en los albergues de la ciudad, "pero también las rechazaron". Por estos motivos, una de las consecuencias adoptadas en la reunión de ayer fue que las vacantes serán ofertadas por las propias ONG, ya que, dijo, con esta medida "es posible conseguir que muchos inmigrantes puedan ocupar las plazas que ofertamos".
Además, señaló que "dispondrán de flexibilidad de horarios", de forma "que podrán salir a las 4.00 de la mañana y no a las 8.00, que es como están regulados los horarios de estos albergues". "Todos los días se informará a Cáritas de la situación, y a su vez esta ONG informará a los inmigrantes de la recursos disponibles", aseguró.
De Miguel explicó que se pondrá en marcha una comisión de seguimiento quincenal, formada por técnicos de la conselleria de Bienestar Social, del Ayuntamiento de Valencia y representantes de las ONG.
DELEGACION DE GOBIERNO
Por otra parte, la titular de Bienestar en la Generalitat Valenciana señaló que pedirá una reunión con la Delegación de Gobierno "para que preste tareas de vigilancia a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y garantice, de ese modo, la seguridad de los vecinos e inmigrantes que pernoctan en el cauce del río, y para que realicen un centro de acogida en la ciudad de Valencia".
De Miguel señaló que la Generalitat recibió por parte del Gobierno Central 14 millones de euros destinados a inmigración, "de los cuales el 40 por ciento están destinados a medidas prioritarias para refuerzo educativo, y 1,3 millones a acogida", apuntó.
Alicia De Miguel sostuvo que se trata de "un problema estructural", porque, dijo, "el Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero trae inmigrantes subsaharianos a la Comunidad Valenciana desde distintos puntos del Estado español, y favorece el efecto llamada".
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