MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El preso español Francisco Larrañaga, condenado a cadena perpetua en Filipinas tras la conmutación de la pena de muerte en 2006, podría solicitar su traslado a España a mediados de febrero, según declaró hoy a Europa Press su abogado, Javier Viada. Para ello, la defensa está a la espera de que se aclaren algunos detalles del tratado hispano-filipino de intercambio de condenados --que publicó hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE)--, en particular el relativo a la homologación de las penas entre ambos países.
En virtud del tratado, los presos podrán empezar a solicitar su traslado cuando hayan pasado treinta días hábiles desde su publicación en el BOE, lo que corresponde a mediados de febrero. Según el abogado, la defensa de Larrañaga está pendiente de una serie de elementos del tratado, en especial el referente a la homologación de las penas. "En España no hay cadena perpetua", por lo que se deberá aclarar antes "en qué condiciones y de qué forma cumplirá la pena", afirmó Viada.
El tratado --firmado el pasado 18 de mayo en Madrid entre el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el embajador filipino en España, Joseph D. Bernardo y Medina, y que entró en vigor el pasado 28 de diciembre--, no permitirá a España "conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena" a los presos españoles condenados en Filipinas y trasladados a nuestro país, aunque sí solicitar estas medidas de gracia "mediante petición fundada". En todo caso, Filipinas mantendrá "jurisdicción exclusiva" respecto de todo procedimiento que tenga por objeto revisar la sentencia.
Al respecto, Viada precisó que la defensa está efectuando gestiones ante el Gobierno para que España solicite el indulto, ya que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en julio de 2006 que la Justicia filipina no había respetado su presunción de inocencia y no le había permitido una defensa adecuada, al tiempo que solicitó a Manila que examinase de forma inmediata la posible liberación condicional del español.
"No vemos lógico" que Larrañaga sea trasladado a España para cumplir el resto de la pena (que, una vez cumplidos diez años en Filipinas, sería de otros 20 años en España, donde no hay cadena perpetua), declaró Javier Viada.
EL TRATADO
El tratado establece que las penas o medidas de seguridad impuestas en España a ciudadanos filipinos o en Filipinas a ciudadanos españoles "podrán ser cumplidas en establecimientos penales" de sus respectivos países de origen y que el traslado podrá ser solicitado por el "Estado de condena" (en el que fue condenado) o por el "Estado de cumplimiento" (en el que cumplirá la condena).
Entre las condiciones para el traslado, el tratado establece que se aplicará a hechos que también sean punibles en el Estado de cumplimiento, que el condenado debe dar su consentimiento para su traslado y que el reo sea "nacional del Estado de cumplimiento en el momento de la solicitud del traslado".
Una vez efectuado el traslado, "la condena se cumplirá conforme a las leyes del Estado de cumplimiento", aunque en la ejecución de la condena el Estado de cumplimiento "estará vinculado por la duración de la pena" y por "los hechos probados en la sentencia" y "no convertirá la pena o medida de seguridad en una sanción pecunaria".
El tratado deja claro que "sólo el Estado de condena podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena o medida de seguridad conforme a su Constitución y a sus leyes". Sin embargo, "el Estado de cumplimiento podrá solicitar del Estado de condena la concesión del indulto, amnistía o la conmutación, mediante petición fundada".
El Estado de condena "mantendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto revisar la sentencia dictada", se lee en el tratado publicado hoy en el BOE.
EL TRASLADO DE LARRAÑAGA
El pasado mes de diciembre, Moratinos anunció que Larrañaga podría ser trasladado a España en un "breve plazo" de tiempo, pero evitó dar una fecha precisa. La concesión del traslado, en caso de cumplirse ciertos requísitos, es "casi automática", declaró a finales de noviembre el propio Viada, quien lamentó que el convenio no permita a España otorgar un indulto o amnistía, de forma que Larrañaga tendrá que cumplir como mínimo siete años de prisión en nuestro país.
Larrañaga se benefició en 2006 de la decisión de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, de conmutar la pena capital por la de cadena perpetua a todos los presos condenados a muerte en cárceles filipinas.
El joven hispano-filipino, de 30 años, fue condenado a la pena de muerte acusado del secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en la ciudad de Cebú en 1997, en un juicio plagado de irregularidades, en opinión de la familia, su defensa y numerosas organizaciones internacionales.
Hijo del ex pelotari vasco Manuel Larrañaga y de Margarita González, Paco Larrañaga asegura que estaba en Manila y no en Cebú el día del crimen, y denuncia que no se le dejó testificar en su defensa ni a él ni a una treintena de testigos.
Tras la conmutación de la pena de muerte, los Gobiernos español y filipino dieron en junio de 2006 el primer paso para firmar el Acuerdo bilateral sobre Traslado de Personas Condenadas.