SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento rechazó hoy, con los votos de PSOE, una proposición no de Ley del PP, que fue apoyada por IULV-CA, en la que instaba a la Junta a interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) por la resolución dictada por el Gobierno de la Nación por la que se deniega el anticipo de tesorería por financiación sanitaria.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PP Ana María Corredera recordó que en la II Conferencia de Presidentes celebrada el 10 de septiembre de 2005, se alcanzó un "consenso básico" entre los presidentes de todas las comunidades en torno al problema de la financiación sanitaria, que se plasmó en un real decreto que suponía aprobar determinadas medidas urgentes como la concesión por el Tesoro de anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos y del Fondo de Suficiencia con el fin de acercar la financiación de las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía a la recaudación real de los ingresos por tributos cedidos.
En base a esta norma, según agregó, la Junta de Andalucía solicitó, al igual que hicieron otras once comunidades autónomas, un anticipo del dos por ciento de la cantidad que corresponde a la región en concepto de financiación sanitaria.
Según explicó, pese a que el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirmó que se trataban de "cantidades inamovibles que comprometen al Gobierno", el pasado 23 se septiembre, el Ministerio de Economía y Hacienda "denegó por carta la entrega de este anticipo de 3.000 millones de euros a las doce Comunidades Autónomas que lo solicitaron, entre ellas Andalucía, justificándolo en el descenso de la recaudación real de los tributos cedidos".
Para la diputada del PP, las autonomías, que cuentan con esas cantidades a la hora de elaborar sus respectivos presupuestos regionales y, más en concreto, para proyectar sus posibilidades de gasto sanitario, "se verán obligadas a incurrir en déficit por el impago de estos anticipos".
Asimismo, añadió que la carta remitida por el Ministerio establece que "contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación".
"Sin embargo, mientras que las comunidades autónomas de Murcia, Madrid y Castilla y León han anunciado ya su intención de ejercer este derecho, la Junta de Andalucía ha manifestado ya que no recurrirá la decisión del Gobierno central de denegar el anticipo solicitado para financiación sanitaria, pese a la importante pérdida de fondos que este hecho supone", señaló la diputada del grupo popular.
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Velasco manifestó que la iniciativa del PP pretende que la comunidad andaluza imite a otras gobernadas por el PP, que no tienen precisamente una gestión "deseable" en materia de financiación, embarcando a Andalucía en un procedimiento contencioso-administrativo para reclamar una cantidad que habría que "devolver", basándose en una "coletilla" que se da en todas las resoluciones de este tipo, en referencia a la posibilidad de recurso.
La proposición no de Ley del PP, en su opinión, "adolece de rigor jurídico y de motivación política" porque pretende presentar la decisión del Gobierno central sobre la denegación del anticipo como un "incumplimiento legal" y una "disminución de recursos" para la comunidad, "cuando la realidad es bien distinta", toda vez que se trata de una entrega a cuenta que se tendría que devolver. La iniciativa del PP, según dijo, "falta a la verdad" cuando señala que el Gobierno andaluz se niega a ejercer un derecho a recurrir.
El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero señaló que lo que no se puede permitir es que el Gobierno diga que, "como no hay dinero" por la crisis económica, se va a negar ese mecanismo de financiación de un servicio tan importante como es la sanidad. Dijo que, dado el endeudamiento y el "agujero financiero terrorífico" que tiene la sanidad andaluza, un anticipo económico es una necesidad "pública, notoria y perfectamente probada".