PCTV.- Los representantes del PCTV advierten ante Garzón que la petición de suspensión se basa en informes de 2005

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La representación legal del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) advirtió hoy al juez Baltasar Garzón que la mayoría de los informes policiales en los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional basa su petición se remontan al año 2005, lo que indica que las pruebas que ahora manejan el Ministerio Público y el magistrado podrían haber sido utilizadas con anterioridad, indicaron fuentes de la defensa de la formación.

La letrada del PCTV, Jone Goiricelaia, destacó ante Garzón que estos indicios se consideraban insuficientes y añadió que los únicos datos nuevos procedentes de la operación llevada a cabo en la localidad guipuzcoana de Segura y de los registros de la sede del partido en Usurbil (Guipúzcoa), se encuentran a día de hoy recurridos debido a que los representantes de la formación los consideran ilegal.

Las citadas fuentes destacaron que la Policía y la Guardia Civil mencionan en sus estudios a modo de prueba, la existencia de escuchas telefónicas que, sin embargo, no se han aportado a la causa por lo que no han podido ser analizadas.

Goiricelaia defendió, además, que la suspensión penal de las actividades de la formación por orden de la Audiencia Nacional resulta innecesariamente actualmente debido a que la Sala del 61 del Tribunal Supremo estudiará esta misma semana la suspension cautelar del partido a solicitud de la Abogacía del Estado. Por ello, consideró que la suspensión por cinco años vendría a duplicar un proceso ya abierto a raíz de la petición de ilegalización ante el alto tribunal.

La abogada expuso también que existen diferencias respaldadas por una amplía jurisprudencia sobre la diferencia existente entre un grupo parlamentario y un partido por lo que consideró que los representantes del PCTV ante el Parlamento Vasco estarían excluídos de la petición de suspensión ya que en ella se menciona únicamente a la formación como tal.

Hizo referencia como último argumento al alcance del artículo 129 del Código Penal en virtud del cual Garzón ha celebrado la vista y destacó que éste es únicamente aplicable a empresas, fundaciones y asociaciones. Garzón recurrió a este punto de la legislación para promover la suspensión de Batasuna en 2002.

La vista, que se prolongó durante hora y media, contó con la presencia de los representantes de la Fiscalía Vicente González Mota y Dolores Delgado, los abogados de las acusaciones particulares ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y el colectivo Dignidad y Justicia y la representación del partido ejercida por su presidente Juan Carlos Ramos.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

Por su parte, la Fiscalía pidió al titular del juzgado Central de Instrucción número 5 la suspensión de actividades del partido durante un periodo de cinco años, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a las listas electorales, el embargo y bloqueo de sus cuentas y la clausura temporal de sus locales. El Ministerio Público considera que la formación es "un instrumento de ETA".

En el caso del PCTV el fiscal citó como indicios de la relación del partido con el entorno ETA-Batasuna, entre otros, el hecho de que un destacado dirigente de la formación ilegalizada, Joseba Álvarez, actuaba como asesor del grupo en el Parlamento Vasco. Menciona también al responsable de comunicación de PCTV Peio Gálvez, que recibía órdenes de otro histórico batasuno, Juan José Petricorena.

Se refirió, además al envío de fondos del PCTV a Batasuna y explicó que las cuentas de este partido se utilizan "instrumentalmente para sacar los fondos fuera de España y excluirlas del control de las autoridades supervisoras".

Otro de los indicios expuestos por el Ministerio Público fue la vinculación directa con la banda terrorista del partido, efectuada a través de uno de sus integrantes, Sergio Lezcano, que, según asegura la Fiscalía "realizaba tareas de propaganda de Batasuna y del PCTV" y percibía retribuciones desde las cuentas de la formación legal. Este dato queda recogido en un documento elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil titulado 'Financiación de las actividades del miembro de ETA Sergio Lezcano por el PCTV".

Las acusaciones particulares solicitaron también la suspensión de actividades y apoyaron los argumentos expuestos por el fiscal. Dignidad y Justicia destacó la necesidad de impedir la llegada de subvenciones públicas a la formación. Ambos pusieron de manifiesto la existencia de claros vínculos entre el partido y la ilegalizada Batasuna.

Fuentes jurídicas señalaron que, una vez oídas las partes, Garzón emitirá sendos autos, previsiblemente a finales de la próxima semana, en los que podría establecer la suspensión de actividades de ambos partidos por un periodo máximo de cinco años.

De acordarse esta suspensión, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado su intención de solicitar la "individualización y depuración de responsabilidades penales" de determinados miembros de PCTV y ANV. Esto es, si el juez apoya esta iniciativa, los principales dirigente de ambos partidos podrían ser citados próximamente ante Garzón, en calidad de imputados, para declarar por un supuesto delito de integración en ETA y fraude de subvenciones.