Cree que dar la instrucción penal a los fiscales supone "acercarla" a la política
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha criticado este lunes que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya dado los primeros pasos para realizar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que sean los fiscales, y no los jueces, los que dirijan las instrucciones de las causas penales durante la pandemia por el coronavirus.
La plataforma ve de lo "más inoportuno" que se haya decidido poner marcha en estos momentos "una empresa de tanta envergadura como es la revisión de la norma que define el marco de los derechos y libertades de los ciudadanos en la lucha de los poderes públicos contra la delincuencia".
Así, responde en un comunicado al anuncio que hizo Campo el pasado miércoles, 15 de abril, sobre que se había creado la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto para realizar la modificación de la norma aprobada en 1882.
Si bien, la plataforma afirma que "no deben aprovecharse las aguas revueltas de una crisis sanitaria de tanta magnitud y grave repercusión socioeconómica para introducir de puntillas un modelo procesal que propicie la impunidad de la corrupción en la que estén involucrados los partidos políticos, de uno y otro lado del espectro; las oligarquías económicas u otros poderes fácticos".
PREOCUPACIÓN POR LA INDEPENDENCIA DE LAS INVESTIGACIONES
Por otro lado, sobre el fondo de la reforma, la plataforma se muestra "preocupada" porque la independencia de las instrucciones se pueda ver perjudicada si la finalmente se otorga la dirección de las instrucciones penales a los fiscales.
En este sentido, recuerda que el máximo representante del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, es propuesto por el Ejecutivo y que, ahora mismo, la institución es dirigida por Dolores Delgado, exministra de Justicia en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez.
Por ello, indica que los "requisitos mínimos" que, a su juicio, debe reunir el nuevo sistema procesal para no "empeorar" el vigente es que "la política" no ejerza ninguna influencia "directa o indirecta" en la investigación criminal y que la "autoridad que la dirija" sea "completamente imparcial, inamovible e independiente y no meramente autónoma".
Con todo ello, afea cualquier intento de "implantar un régimen ideologizado de investigación que, en vez de una búsqueda de la verdad material respetuosa de los derechos fundamentales, se oriente a vehiculizar la política criminal del Gobierno de turno".
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