El PP aplicará la 'doctrina Parot' a violadores y criminales organizados en bandas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reforma del Código Penal que el PP aplicará si gana las elecciones del próximo 9 de marzo incluirá extender la 'doctrina Parot' a las infracciones de la Ley especialmente graves afectando siempre a individuos que han cometido delitos en el marco de bandas organizadas y a aquellos que han atentado contra la libertad sexual de los demás. La 'doctrina Parot' supone aplicar las redenciones y beneficios penitenciarios pena a pena y no sobre el límite de 30 años de cumplimiento máximo de prisión, según la sentencia del Tribunal Supremo contra el jefe del sanguinario 'comando itinerante' de ETA.

Hasta ahora, los principales afectados por la 'doctrina Parot' eran terroristas, aunque el Tribunal Supremo ya había ordenado aplicarla al autor de un triple crimen en Valdepeñas. Según la reforma que pretende aplicar el PP, los peligrosos miembros de bandas organizadas y violadores no podrán reducir su condena sensiblemente a través del trabajo y el buen comportamiento en la cárcel.

El endurecimiento de las condenas a personas adultas que propone el PP, según explicó hoy su secretario de Justicia y Libertades Públicas, Ignacio Astarloa, incluye un aumento de penas en delitos que han causado en los últimos años especial alarma social, caso del robo en los docimicilios, principalmente en las casas fuera de los núcleos urbanos y chalés.

El robo con fuerza en las cosas, por ejemplo, forzando la cerradura de una vivienda, pasará de estar castigado entre 1 y 3 años, a estarlo con entre 3 y 5; los que se cometan en comercios y otros establecimientos públicos, pasarán de ser castigados con entre 2 y 5 años de cárcel a hacerlo con entre 4 y 7, mientras que si los dueños o inquilinos son agredidos, la pena por ello dejará de tener un máximo de cinco años de condena para situarse en siete. En lo que respecta a las faltas, se creará un registro informático para que la acumulación de éstas se convierta en delito.

Además, el PP pretende tipificar la figura del 'secuestro-exprés', aunque no se especificó si por esto se entiende la privación de libertad de una persona hasta que su familia pague un rescate, generalmente en menos de 24 horas, o el secuestro de una persona por un grupo de delincuentes que le obliga a retirar dinero de cajeros automáticos y bancos en un breve espacio de tiempo, fenómeno mucho más extendido en España que el primero. Otra de las figuras penales que piensa crear el PP es la del robo en vivienda cuando están sus habitantes dentro. Será castigado con entre 7 y 12 años de cárcel.

Menos contundente se mostró Astarloa al tratar una eventual reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). En este tema, el PP pretende "abrir una reflexión" enfocada a revisar la concesión del tercer grado --por el que los condenados sólo acuden a prisión a dormir--, impedir el acceso a éste de los penados por delitos contra la libertad sexual, así como trabajar para que los delincuentes extranjeros cumplan la condena impuesta en España en sus países de origen.

CONTROL DE DELINCUENTES "PATOLÓGICOS".

En este campo, el PP también pretende crear un centro de seguimiento, bajo control judicial, de delincuentes "patológicos" que presentan una alta probabilidad de reincidir, como es el caso de algunos violadores.

El importante incremento de la población reclusa, que ya satura de forma relevante las cárceles españolas, será contrarrestado por el PP con la construcción de nuevos centros penitenciarios, aunque esta cuestión no constituye una de las 'patas' del programa en materia de seguridad presentado por el PP. Los 'populares' creen que el ritmo de construcción de cárceles en esta legislatura no ha sido el adecuado y que, en todo caso, no van a afrontar la sobrepoblación de las cárceles con la flexibilización del régimen penitenciario para delitos menos graves que propone la actual directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

SUBIDAS DE SUELDOS.

En el capítulo de medidas para los dedicados a combatir el crimen, el PP promete a policías y guardias civiles que cobrarán como ertzainas y mossos, agentes con retribuciones sensiblemente superiores a las de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Me siento muy satisfecho de que esta fuera una de las primeras medidas que anuncié", dijo hoy el ex secretario de Estado de Seguridad en su encuentro con los periodistas.

Los 'populares' invertirán mucho dinero en subir sueldos y equiparar la tecnología con la que cuentan los policías, al menos, a la que manejan los delincuentes. El PP concede tanta importancia a esta última cuestión que pretende poner en marcha un plan de innovación tecnológica en materia de seguridad puntero en el mundo.

A la pregunta de si en el partido se han hecho cálculos sobre el gasto que supondría satisfacer estas propuestas, Astarloa rechazó concretar cifras, pero aseguró que está cuantificado y que los responsables del programa económico del PP han "entendido" la relevancia de las mejoras en seguridad.

1982-1996: "LOS DELITOS SE TRIPLICARON".

Astarloa dedicó parte de su intervención a rebatir las acusaciones vertidas ayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contra el programa en materia de seguridad del PP y la gestión de Mariano Rajoy al frente del departamento. El responsable 'popular' desafió a Rubalcaba a recuperar el pasado y dijo que en 1982, cuando los socialistas accedieron al Gobierno, el número de infracciones penales fue de 616.694 y que en 1996, cuando perdieron las elecciones, se situaba en 1,7 millones, lo que significa que los delitos se habían multiplicado por tres. Por contra, expuso, en los ocho años del Gobierno de José María Aznar, la subida de la tasa de criminalidad fue del 2 por ciento por la del 30 del primer Gobierno socialista.

Más cercana en el tiempo, Astarloa comparó la gestión de los últimos años del PP en materia de seguridad con la del PSOE en esta legislatura. Aunque advirtió que el Gobierno guarda los datos "con siete llaves", dijo que frente a los 2,5 millones delitos que se cometen en la actualidad, se sitúan los 1,9 que se registraron en 2004.

Asimismo, criticó que Rubalcaba se remonte continuamente a 2002, el 'peor' año del PP, pero también, según el responsable en materia de seguridad de ese partido, el ejercicio en el que se propuso un importante plan de lucha contra la criminalidad, que dio sus frutos en los dos años posteriores. "Dejamos el Gobierno bajando 5 puntos los índices de criminalidad y con este Gobierno ha aumentado en 20", afirmó Astarloa, antes de sentenciar: "El PSOE no tiene programa electoral en materia de seguridad".

Respecto a los efectivos policiales, Astarloa prometió 160.000 policías y guardias civiles --30.000 más que ahora-- y criticó que el aumento de plantilla del que se jacta Rubalcaba en esta legislatura corresponda, según él, a un plan creado por el PP cuando estaba en el Gobierno. Además, el PP apartará de tareas burocráticas a los policías y guardias civiles para sustituirlos por funcionarios 'civiles' y devolver los agentes a las calles, algo para lo que, añadió, han dado su visto bueno los sindicatos policiales.