MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha garantizado este martes que el Estado actuará "con proporcionalidad" ante el desafío independentista catalán, reaccionando según las "decisiones" que, en su caso, se vayan tomando en Cataluña, pero ha recalcado que, hoy por hoy, "no hay más que una declaración en un papel", en referencia a la iniciativa registrada en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP para que se apruebe el "inicio del proceso" independentista con una república.
Así lo ha señalado Hernando en una rueda de prensa ofrecida en el Congreso durante la que ha insistido en que el Estado cuenta con instrumentos suficientes para frenar el proceso independentista si se inicia formalmente. En este contexto, ha mencionado insistentemente la vía judicial y ha sido al preguntársele por la aplicación del artículo 155 de la Constitución cuando ha apuntado que se actuará desde la "proporcionalidad".
Hernando ha subrayado que, gracias a las reformas aprobadas en esta legislatura, como la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional para castigar a las autoridades que incumplan sus sentencias, ahora existen más mecanismos que antes para actuar ante posibles desafíos.
"Quienes desafíen al Estado de Derecho saben que todo el peso del Estado de Derecho caerá sobre ellos y que con la soberanía nacional no se juega, porque no es fraccionable, fracturable ni está en liquidación".
APLICAR EL 155
El dirigente 'popular' ha pedido el apoyo del resto de partidos que no respaldan el proceso independentistas, especialmente del PSOE, al que ha animado a no sumarse "a terceras vías o buenismos", y al que ha reprochado que no apoyara la última reforma del TC.
Preguntado, además de la vía judicial, si se podría actuar también desde la política instando al Senado a impulsar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para obligar a Cataluña a cumplir la ley, Hernando ha insistido en que "a los desafíos hay que hacerles frente con proporcionalidad".
A su juicio, habrá que actuar cuando haya "algo más que procesos declarativos" porque, hasta ahora "no hay más que una declaración en un papel". Eso sí, ha garantizado que el Estado actuará "conforme al Estado de Derecho" como ha venido haciendo hasta ahora, es decir, llevando al Tribunal Constitucional cualquier decisión que considere contraria a derecho.