SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El cabeza de lista al Congreso por el Partido Popular de Salamanca, Gonzalo Robles, prometió hoy que si su formación gana las próximas elecciones generales la dotación de Fuerzas y Cuerpos del Estado para la provincia charra aumentará un cincuenta por ciento.
Según Robles, la cifra alcanzaría los 400 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil con el objetivo de que Salamanca sea una ciudad "segura". En palabras del candidato popular, la provincia tormesina ha aumentado durante los últimos cuatro años un 25 por ciento su tasa de criminalidad; aún así, no destaca por el número de incidencias, pero "no hay que dormirse" en los laureles, afirmó.
Además, aseguró que sólo hay que abrir los periódicos para comprobar que hay un rosario constante de delitos, que hace pensar que hay que tomar medidas. Igualmente, explicó que la delincuencia cada día es más organizada, de ahí que el PP apueste por aumentar los efectivos para contrarrestar la fuerza de los delincuentes, añadió.
Por otra parte, anunció la intención del Partido Popular de otorgar durante la próxima legislatura el carácter de "Policía Jurídica" a las distintas policías locales y permitir que se unan por mancomunidades para los municipios pequeños cuyas plantillas no tengan los "suficientes" efectivos.
En este sentido, destacó que los ciudadanos se sentirán "más protegidos" porque los agentes podrán realizar tareas en la protección de comercios y viviendas, combatir las redes de delincuencia locales "con mayor firmeza" y evitar el menudeo, entre otras tareas, aseguró.
También expuso otras propuestas de los populares en materia de Seguridad que "pondrán en marcha" si obtienen el respaldo de los electores el 9-M, como "recuperar" la Policía de Proximidad, elaborar dispositivos de seguridad especiales en las zonas "más conflictivas", incrementar las penas en delitos como la pederastia o la violencia de género, y rebajar la edad penal en supuestos de especial gravedad o multirreincidencia.
Finalmente, Robles indicó que el PP dotará a la Administración penitenciaria del personal y de las infraestructuras "necesarias" para hacer frente al incremento de población reclusa.