PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Elisabeth Diéguez, la presunta testaferro del portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, y de su mujer, Antònia Martorell, se ha acogido hoy al derecho constitucional de no declarar ante el juez que instruye el caso 'Son Oms', la presunta trama de corrupción gestada en los años noventa en torno a la recalificación de este polígono industrial, en Palma.
La imputada abandonó los juzgados de Vía Alemania a las 11.50 horas, sin atender a los medios, tras negarse a declarar en el juzgado de instrucción número 2, momento en el que Martorell entró en la sala de vistas para ser interrogada por el magistrado, Juan Ignacio López Sola, mientras que Vicens, cuya comparecencia estaba prevista a las 12.00 horas, deberá permanecer en la sala de espera hasta que finalice la declaración de su esposa. El interrogatorio del dirigente 'uemita' se prevé largo, tal y como han aseverado fuentes cercanas al caso.
La implicación de Diéguez en el caso se debe a que en 2002 fue designada administradora única de la empresa Metalumba, creada, según la Fiscalía, en septiembre de ese mismo año por Vicens, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1998. La sociedad fue registrada a nombre de su mujer.
En concreto, el juez decidió la semana pasada levantar el secreto del caso, días después de que se produjese el registro de las sedes de empresas presuntamente vinculadas a la trama así como de domicilios particulares de posibles testaferros.
Así, una comisión judicial procedió a examinar las dependencias de un chalet y también un despacho del directivo de comunicación Alfredo Conde y de su esposa Elisabeth Diéguez, matrimonio al que recurrió Vicens para recuperar gran parte de las multimillonarias comisiones que pactó a cambio de la recalificación de Son Oms y que hasta hace poco obraban en manos del abogado Jaime Montis.
